Recuerdo que unos días después de tomar la decisión de presentarme a las elecciones municipales en Riaguas, que amablemente me habían propuesto los responsables provinciales del PSOE, le trasladaba a un conocido mi inquietud por asumir esa responsabilidad. Sin duda para tranquilizarme me comentaba que en su comunidad de propietarios de Madrid viven más personas que en Riaguas. Atendiendo a este razonamiento la conclusión clara es que no hay motivo alguno de preocupación si se es alcalde o concejal de un pueblo con muy pocas personas censadas. ¿Es acertada la comparación?. La respuesta es muy clara: no.

Los Ayuntamientos, da igual su tamaño, se rigen por una normativa común, lo que quiere decir que gran parte de las obligaciones que derivan de esa normativa son exigibles a todas las entidades locales y a sus representantes. Por eso la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local o el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales se han convertido en lecturas obligadas que me ayudan a comprender el funcionamiento de mi Ayuntamiento. Por no hablar de la importancia de conocer, al menos mínimamente, la estructura de un presupuesto o como nos afecta la famosa regla de gasto. Y así podría seguir poniendo muchos más ejemplos. Si a eso le añadimos que la administración electrónica ya es una realidad, la conclusión es que un municipio, por pequeño que sea, no es ni mucho menos una Comunidad de propietarios.

Si defendemos, con razón, que la gente que habita la España vaciada tiene los mismos derechos que corresponden a quienes habitan la España llena debemos ser consecuentes y decir que sus representantes tienen idéntica obligación de representar al conjunto de los vecinos y hacerlo desde la gestión profesional y continuada de los asuntos que las gentes del municipio les encomiendan en cada proceso electoral. En el ámbito de gestión responsable del municipio no hay pueblos de primera, de segunda o tercera división. Los derechos de los ciudadanos que sus asuntos sean bien gestionados, son idénticos y son independientes de cuantas personas habiten esos pueblos. Los recursos pueden ser diferentes pero la calidad de la gestión de los mismos debe ser la misma.

¿Quiere esto decir que necesitamos representantes que hayan pasado por la Universidad? Por supuesto que no, lo que estoy planteando sencillamente es que en estos pueblos pequeños a veces corremos el riesgo de dejar en manos de los Secretarios de los Ayuntamientos la gestión diaria y la política del municipio. Estos cumplen una misión esencial al garantizar el cumplimiento de la legalidad y la asesoría permanente. Pero convendremos en que no debemos pedirles, además, que nos sustituyan en las funciones que nos corresponden a quienes voluntariamente hemos decidido presentarnos a unas elecciones.  Sin duda los vecinos lo agradecerán.

Fernando Pérez Peña – Concejal PSOE Riaguas de San Bartolomé