• La secretaria de Vivienda continúa en Segovia la ronda por las provincias para explicar el Plan Estatal de la Vivienda del Gobierno de España. Casado critica que PP y Vox hayan «diluido» la Consejería de Vivienda en la Vicepresidencia segunda.
  • Por su parte, el portavoz de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Segovia y procurador autonómico, Sergio Iglesias, ha señalado que «hemos mantenido este encuentro con alcaldes y concejales de la provincia para desgranar las herramientas del Plan Estatal y la Ley de Vivienda, dos iniciativas clave del Gobierno de España que buscan aumentar el parque público y rebajar los precios tanto de compra como de alquiler. Sin embargo, estas medidas se quedan en papel mojado si la Junta de Castilla y León, que es la administración que tiene las competencias, se niega a aplicarlas por mero sectarismo político y da la espalda a las necesidades urgentes de los segovianos y segovianas».

Segovia, 01 de julio de 2026: La secretaria general de Vivienda del PSOECyL, Ana Casado, ha exigido hoy a la Junta de Castilla y León “gestión, frente a ideología” ante la escalada de precios de la vivienda, uno de los principales problemas de la Comunidad.
Así lo ha señalado momentos antes de participar en un encuentro con alcaldes y concejales del PSOE de Segovia, dentro de la ronda que efectúa por todas las provincias para explicar el Plan Estatal de la Vivienda del Gobierno de España, que va a movilizar más de 7.000 millones de euros.

Hablar de vivienda, ha dicho, es hacerlo de “emancipación juvenil, fijación de población, desarrollo económico e igualdad».
Durante su intervención, Casado ha alertado sobre la crítica situación que atraviesa la provincia de Segovia, que sufre con especial intensidad la tensión del mercado inmobiliario debido a su proximidad con Madrid y a sus conexiones ferroviarias, lo que, ha recordado, ha disparado la demanda y ha provocado una escalada de los precios del 19,5 por ciento, la mayor de toda España.

«Madrid no puede seguir expulsando población hacia Segovia sin que las administraciones actúen para garantizar vivienda asequible a los segovianos», ha advertido Casado, quien ha instado a la Junta de Castilla y León a declarar de forma urgente la Zona de Mercado Residencial Tensionado, tal y como prevé la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda.

Además, la secretaria de Vivienda ha lamentado que la Junta culpe de la situación de la vivienda al Gobierno de España, cuando es una “competencia exclusiva” del Ejecutivo autónmoico desde 1983. «Quien tiene las competencias no puede esconderse detrás de excusas ni buscar culpables fuera», ha enfatizado.

Asimismo, Casado ha vuelto a criticar la eliminación de la Consejería de la Vivienda en Castilla y León y ha lamentado que la hayan diluido dentro de “una macroestructura administrativa como es la Vicepresidencia segunda».

Para la responsable socialista, esto evidencia que las prioridades de la Junta no son ni los jóvenes, ni la despoblación, ni los colectivos vulnerables.

Por otro lado, ha calificado de «debate ideológico» la implantación de la denominada «prioridad nacional» en el acceso a la vivienda, un concepto al que la portavoz del PP ha restado importancia llamándolo «criterio inspirador». Casado ha advertido de las graves consecuencias de esta medida, que ya se aplica en el Ayuntamiento de Valladolid, y ha exigido que expliquen formalmente a los demandantes de vivienda que se quedarán fuera del sistema por culpa de este criterio: «La vivienda necesita más gestión y menos ideología».

Frente a la inacción autonómica, Ana Casado ha puesto en valor los 7.000 millones de euros que movilizará el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 para ampliar el parque público, rehabilitar inmuebles, favorecer el alquiler asequible y recuperar la vivienda vacía.

De este modo, ha recordado el grave desequilibrio demográfico de España, donde el 70 por ciento de la población se concentra en grandes urbes mientras que el 33 por ciento de las viviendas vacías se encuentran en municipios de menos de 10.000 habitantes, lo que provoca el cierre progresivo de servicios esenciales en el medio rural.

Para combatir este éxodo, Casado ha defendido las propuestas del programa electoral socialista para garantizar el «derecho a quedarse», destacando la creación de los «territorios 30 minutos» y el «consorcio de vivienda autonómico», una herramienta participada por los ayuntamientos para gestionar de forma coherente las necesidades habitacionales de cada provincia.

Por su parte, Sergio Iglesias ha señalado que «hemos mantenido este encuentro con alcaldes y concejales de la provincia para desgranar las herramientas del Plan Estatal y la Ley de Vivienda, dos iniciativas clave del Gobierno de España que buscan aumentar el parque público y rebajar los precios tanto de compra como de alquiler. Sin embargo, estas medidas se quedan en papel mojado si la Junta de Castilla y León, que es la administración que tiene las competencias, se niega a aplicarlas por mero sectarismo político y da la espalda a las necesidades urgentes de los segovianos y segovianas».

También ah declarado que «es el momento de que el señor Mazarías pase de las palabras a los hechos, deje a un lado la pasividad y escriba de una vez por todas a quien tiene la competencia, que es la Junta de Castilla y León, para exigirle que colabore en solucionar el principal problema que tiene Segovia, que es la vivienda. No podemos olvidar que nuestra provincia sufre los precios de alquiler más elevados y que más suben de toda España, una situación crítica ante la que la Junta lleva más de 20 años sin construir ni una sola vivienda pública en nuestra tierra».

«Hay que recordarle al alcalde que cuando entró a gobernar prometió que iba a desarrollar el sector de Las Lastras y que a principios de 2025 comenzaría la construcción. Estamos ya a mediados de 2026 y lo único que sigue habiendo allí son amapolas y proyectos paralizados. Mientras el Gobierno de España cumple e impulsa la construcción de 98 viviendas a través de Somacyl y tramita otras 53 en parcelas estatales, el Ayuntamiento de Segovia y la Junta siguen demostrando una alarmante falta de planificación», ha concluido.