- El secretario de Política Municipal del PSOE de Segovia, Alberto Peñas, considera “urgente” que el Ayuntamiento de El Espinar explique por qué solicitó a la Diputación la asistencia jurídica para un asesor del Alcalde “por unos hechos que se remontan a 2018 cuando el citado asesor, Juan María Martín, curiosamente ex Alcalde espinariego del PP, no tenía relación laboral alguna con el Ayuntamiento, ni los hechos objeto de investigación corresponden a actuación municipal alguna”. “Pero también el Presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, ha de explicar por qué firmó un Decreto concediendo dicha asistencia jurídica”.
- Los hechos investigados guardan relación con la posible comisión de un delito de falsedad documental, y Alberto Peñas considera que “estamos ante un evidente uso de recursos públicos para una cuestión privada de un ex alcalde del Partido Popular” en una actitud “que dista mucho de la transparencia y de la gestión ejemplar de las instituciones públicas, algo a lo que lamentablemente nos tiene muy acostumbrados el equipo de gobierno de la Diputación”.
Segovia, 3 de marzo de 2022.- El secretario de Política Municipal del PSOE de Segovia, Alberto Peñas, considera “urgente” que el Ayuntamiento de El Espinar explique por qué solicitó a la Diputación la asistencia jurídica para un asesor del alcalde “por unos hechos que se remontan a 2018 cuando el citado asesor, Juan María Martín, curiosamente ex Alcalde espinariego del PP, no tenía relación laboral alguna con el Ayuntamiento, ni los hechos objeto de investigación corresponden a actuación municipal alguna”.
“Pero también el Presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, ha de explicar por qué firmó un Decreto concediendo dicha asistencia jurídica”, remarca Peñas, subrayando que “sólo cuando el Grupo Socialista solicitó información al respecto se produjo la revocación de dicho Decreto”.
Alberto Peñas considera que “estamos ante un evidente uso de recursos públicos para una cuestión privada de un ex alcalde del Partido Popular” en una actitud “que dista mucho de la transparencia y de la gestión ejemplar de las instituciones públicas, algo a lo que lamentablemente nos tiene muy acostumbrados el equipo de gobierno de la Diputación”.
Los hechos investigados para los que el Ayuntamiento de El Espinar solicitó asistencia jurídica a la Diputación y el presidente de la institución provincial la concedió, se remontan al año 2018, y guardan relación con la posible comisión de un delito de falsedad documental. El servicio jurídico prestado por la Diputación consistió, al menos, en la asistencia letrada al señor Martín en su declaración ante el Juzgado de Instrucción.
“Con independencia de cuál sea la resolución judicial en torno a los hechos investigados que, como no puede ser de otra manera, respetaremos, los hechos evidencian varias cuestiones graves”, afirma Alberto Peñas.
En primer lugar, para Peñas es inconcebible que el ex alcalde del PP y ahora asesor del actual alcalde, Juan María Martín, pidiera a la Diputación la defensa jurídica señalando textualmente por escrito que su declaración ante el juzgado “se efectúa en relación a actuaciones efectuadas por mí en condición de empleado municipal”, cuando la condición de empleado municipal no la tenía en el momento de los hechos, sino a partir de agosto de 2019. “No es de recibo que el señor Martín falte a la verdad en esos términos, como no lo es tampoco que el alcalde de El Espinar, Javier Figueredo, solicitara también esa asistencia para el señor Martín a sabiendas de que no era empleado municipal en el momento de los hechos”.
“Tanto el señor Martín como el señor Figueredo parecen haber olvidado que, según el Reglamento del Servicio de Asesoramiento a Municipios, la asistencia jurídica de la Diputación se podrá solicitar para la defensa de autoridades y funcionarios locales”, subraya Peñas. “El señor Figueredo tiene que explicar por qué ha pretendido poner recursos públicos al servicio de alguien muy cercano a él sin tener derecho a ello”, subraya.
“Pero también se tienen que dar explicaciones desde la Diputación Provincial”, enfatiza Peñas. “Es evidente la pasividad y la falta de interés del Presidente ante nuestras advertencias al respecto, realizadas ya hace varios meses. El señor de Vicente sólo ha reaccionado cuando desde el Grupo Socialista hemos insistido en que se aclarara esta situación y hemos presentado varios escritos al respecto”. ”¿Por qué se ha permitido desde la Diputación, sin hacer las comprobaciones pertinentes, que se concediera un servicio como es el de asistencia jurídica reservado a alcaldes, concejales y funcionarios de los Ayuntamientos a alguien que no lo es?”, se pregunta.
“Una vez más, y ya van demasiadas, el Partido Popular vuelve a dar muestras de un uso partidista e interesado de las instituciones y de lo público; de unas artimañas faltas de ética y de respeto institucional”, lamenta Alberto Peñas.