• El portavoz socialista, Máximo San Macario, subraya que la primera de las mociones presentadas para el Pleno de este jueves contempla que se establezca una solicitud normalizada que la entidad local solicitante de la asistencia jurídica tenga que cumplimentar “de modo que pueda determinarse con claridad el objeto de dicha asistencia y la idoneidad de la misma y que, en el supuesto de que se facilite la asistencia jurídica y, posteriormente, se compruebe que no concurren los requisitos establecidos, sea el ayuntamiento peticionario quien sufrague el coste de dicha asistencia”.
  • La propuesta socialista recoge también una modificación del artículo cuatro del Reglamento que excluye terminantemente la defensa jurídica para el ejercicio de acciones penales, lo que impide que los representantes municipales (concejales, alcaldes) y empleados públicos que sean objeto de coacciones, amenazas, malos tratos y lesiones en el directo desempeño de sus funciones públicas. 
  • La segunda de las mociones insta a la Diputación a financiar o elaborar los mapas de ruido de los municipios para evitar que los promotores de vivienda tengan que incluir estudios acústicos en la solicitud de licencia de obra.

Segovia, 30 de marzo de 2022.- El Grupo Socialista presentará en el Pleno de este jueves dos mociones instando a la Diputación a reformar el Reglamento del Servicio de Asesoramiento a Municipios en materia de asistencia jurídica y a poner en marcha una línea de subvenciones para financiar a los Ayuntamientos la elaboración de sus propios mapas de ruido.

El portavoz socialista, Máximo San Macario, recuerda que el Reglamento del Servicio de Asesoramiento a Municipios data de 2018 y “regula la prestación de asistencia jurídica económica y técnica por parte de la Diputación a las entidades locales de nuestra provincia” y con el paso de tiempo ha quedado en evidencia que “necesita algunas modificaciones para mejorarlo en relación a lo regulado en su capítulo II: la asistencia jurídica y defensa en juicio”.

“Recientemente se ha evidenciado un caso en el que la manifestación falsa de un alcalde y de un empleado de un ayuntamiento, pretendía que se diera una asistencia jurídica no acorde a lo estipulado en el Reglamento, y que de haberse llevado a término hubiera significado una malversación de recursos públicos. Gracias al trabajo e insistencia del Grupo Socialista, pasados 6 meses desde que advertimos de la posible irregularidad en la concesión de esa asistencia jurídica a ese ayuntamiento, se pudo constatar que no procedía el amparo de esta Diputación pretendido por ese alcalde que no trasladó una información veraz”, recuerda San Macario.

“Entendemos que ahora procede pedir el justo resarcimiento de los costes soportados por las arcas públicas de esta institución por la defensa jurídica en un procedimiento judicial a la que no se tenía derecho y para evitar que casos similares puedan darse en un futuro, proponemos modificar el Reglamento”, subraya.

Así, la propuesta del Grupo Socialista recogida en la moción, contempla que se establezca una solicitud normalizada que la entidad local solicitante de la asistencia tenga que cumplimentar “de modo que pueda determinarse con claridad el objeto de dicha asistencia y la idoneidad de la misma”, explica San Macario. “Además, en el supuesto de que se facilite la asistencia jurídica y, posteriormente, se compruebe que no concurren los requisitos establecidos, entendemos que ha de iniciarse un expediente para reclamar al ayuntamiento peticionario el coste de las actuaciones llevadas a cabo, tras la correspondiente evaluación y cuantificación por parte del Servicio de Asistencia a Municipios”, remarca.

La propuesta socialista recoge también una modificación del artículo cuatro del Reglamento que excluye terminantemente la defensa jurídica para el ejercicio de acciones penales, lo que impide que los representantes municipales (concejales, alcaldes) y empleados públicos que sean objeto de coacciones, amenazas, malos tratos y lesiones en el directo desempeño de sus funciones públicas puedan contar con la defensa y asistencia jurídica por parte de la Diputación. “Entendemos que es necesario que sí se incluya esta defensa jurídica para el ejercicio de acciones penales”, enfatiza San Macario.

La segunda de las mociones socialistas recoge la propuesta para que la Diputación establezca una línea de subvenciones para financiar la elaboración de los mapas de ruido a aquellos Ayuntamientos que lo soliciten, o bien que la Diputación proceda a la elaboración de esos mapas de cada municipio.

San Macario, recuerda que “la Norma Subsidiaria de Ruido y Vibraciones (NSRV) de la provincia de Segovia, resulta de aplicación en todos los municipios de menos de 20.000 habitantes de nuestra provincia que carecen de regulación propia específica y en ella se exige la presentación de estudios acústicos para la concesión de nuevas licencias de construcción de edificaciones destinadas a viviendas, usos hospitalarios, asistenciales, educativos o culturales;  y de ensayos acústicos “in situ” previos a la concesión de licencias de primera ocupación”. “Estas obligaciones representan unos costes importantes para aquellas personas que deciden construir su vivienda en un entorno rural, ya que el primer estudio tiene, según mercado, un coste aproximado de unos 400 euros, mientras que el segundo estudio para la licencia de primera ocupación puede rondar los 300 euros”, subraya.

“Es cierto que algunos ayuntamientos, quizá por desconocimiento, no están exigiendo a los promotores la documentación exigida, ello no les exime de su cumplimiento”, recuerda, subrayando además que la propia Norma Subsidiaria prevé que “cuando el municipio disponga de mapa de ruido actualizado o de un plan de acción en materia de contaminación acústica en su planeamiento urbanístico se considerará la información y propuestas contenidas en los mismos”. “De este modo, en aquellos municipios que tengan un mapa de ruido aprobado, puede hacerse innecesaria la presentación de los estudios acústicos previos, con el consiguiente ahorro para los promotores de nuevas edificaciones”, subraya.

“Así, la medida que proponemos en nuestra moción para que la Diputación financie o elabore los mapas de ruido de los municipios, no deja de ser un alivio económico para aquellas personas que, como promotores de vivienda, apuestan por nuestro medio rural, y supondría, además, completar la regulación sobre esta materia”, concluye el portavoz socialista.