• Ante la anulación del pliego de condiciones del servicio de ayuda a domicilio de la Diputación por parte del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, el portavoz socialista, Máximo San Macario, exige a Miguel Ángel de Vicente que explique qué sistema de control estableció para garantizar el cumplimiento del anterior pliego por parte de la empresa adjudicataria. “Tal fue la falta de control por parte del Presidente, que miles y miles de euros de dinero público se abonaran de más a la empresa concesionaria, desde 2019, en detrimento de las profesionales”. 
  • “La justicia ha dado la razón a los representantes de los trabajadores y le recuerda al señor de Vicente, que no olvidemos que se ha reservado para sí las competencias en el área de Asuntos Sociales, que no puede conculcar el derecho a la huelga y que ha de cotizar como tiempo laboral el que las auxiliares destinan en desplazarse de un domicilio a otro”, enfatiza. 
  • San Macario remarca que “todo esto podría haberse evitado si el señor de Vicente nos hubiera hecho caso cuando le pedimos, en reiteradas ocasiones, que se reuniera con los representantes sindicales de las auxiliares de ayuda a domicilio y que escuchara a las propias trabajadoras antes de elaborar el pliego de condiciones”. “¿Quién mejor que ellas, que realizan el trabajo día a día, para haberlas al menos escuchado? Pero él se negó sistemáticamente sentenciando: “no son empleadas de la casa, que lo hablen con su empresa”, lamenta.

Segovia, 22 de septiembre de 2022.- Ante la anulación del pliego de condiciones del servicio de ayuda a domicilio de la Diputación por parte del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, el portavoz socialista, Máximo San Macario, exige a Miguel Ángel de Vicente que explique qué sistema de control estableció para garantizar el cumplimiento del anterior pliego por parte de la empresa adjudicataria.

“Tal fue la falta de control por parte del Presidente, que miles y miles de euros de dinero público se abonaran de más a la empresa concesionaria, desde 2019, en detrimento de las profesionales. Éstas llevan desde entonces denunciando a la empresa adjudicataria ante los tribunales de lo social, los cuales, de manera continuada, han dado siempre la razón a aquellas trabajadoras que presentaron demanda en el juzgado. Demandas que eran de sobra conocidas por el Presidente y que le debieran haber hecho velar, con mayor celo si cabe, por el cumplimiento del pasado pliego por parte de la empresa adjudicataria”.

Para San Macario “no estamos ante simples tecnicismos que corrigen y no pasa más, como quiere hacer ver el señor de Vicente. Estamos ante una muestra más de una forma de gobernar basada en la creencia de estar en posesión de la verdad absoluta”.

“La justicia ha dado la razón a los representantes de los trabajadores y le recuerda al señor de Vicente, que no olvidemos que se ha reservado para sí las competencias en el área de Asuntos Sociales, que no puede conculcar el derecho a la huelga y que ha de cotizar como tiempo laboral el que las auxiliares destinan en desplazarse de un domicilio a otro”, enfatiza.

Para el portavoz socialista, “si el señor de Vicente escuchara un poco más, se habría evitado este mal trago de ver cómo el Tribunal echa para atrás el pliego de condiciones de un servicio del que dependen 300 empleados. El presidente de la Diputación ha preferido velar por los intereses de una empresa privada en detrimento de los intereses de las trabajadoras y el juzgado se lo ha dejado bien claro”.

“Se elaboró un pliego con errores, pero también un pliego que no contenía las garantías suficientes para que la empresa finalmente adjudicataria no abusase de las trabajadoras, ni defraudase a la Diputación cobrando por un servicio realmente no prestado”, subraya.

San Macario remarca que “todo esto podría haberse evitado si el señor de Vicente nos hubiera hecho caso cuando le pedimos, en reiteradas ocasiones, que se reuniera con los representantes sindicales de las auxiliares de ayuda a domicilio y que escuchara a las propias trabajadoras antes de elaborar el pliego de condiciones”. “¿Quién mejor que ellas, que realizan el trabajo día a día, para haberlas al menos escuchado? Pero él se negó sistemáticamente sentenciando: “no son empleadas de la casa, que lo hablen con su empresa”, lamenta.

“Ciertamente las auxiliares de ayuda a domicilio no dependen directamente de la Diputación, sino de la empresa adjudicataria del servicio. Pero la institución provincial, como entidad contratante y en nombre de la cual van a prestarse esos servicios, debería ser más sensible a la situación de esas trabajadoras y sus demandas”, enfatiza San Macario.

 

“Desde el Grupo Socialista siempre hemos defendido, y defenderemos, los derechos de las trabajadoras de ayuda a domicilio, entendiendo su importantísimo papel en la prestación de un servicio esencial para los mayores de nuestro medio rural”, remarca. “Ellas son la imagen de la Diputación en esos hogares, realizando un trabajo excepcional y la Diputación se comporta con ellas como lo ha hecho elaborando este pliego y como lo viene haciendo desde hace años: ninguneándolas y no velando por la defensa de sus intereses”, lamenta.