Sergio Iglesias Herrera. Procurador socialista por Segovia y Secretario de la Mesa en la Comisión de Educación de las Cortes de Castilla y León

Esta semana se aprueba la nueva ley educativa (LOMLOE), derogando la LOMCE que, hay que recordar, aprobó el PP en solitario, con toda la comunidad educativa en contra y que el PSOE prometió derogar en cuanto llegase al Gobierno.

Ese momento ha llegado y como siempre con la manipulación de la derecha para desprestigiarla, pero la realidad es que será aprobada por la mayoría de Grupos del Congreso, después de aprobar más de 350 enmiendas, haber escuchado a la comunidad educativa y haber incluido muchas de sus aportaciones. Ahora bien, conviene aclarar algunos de los puntos polémicos.

La eliminación del castellano no aparece en ninguna enmienda. Lo que dice la ley es que todos los alumnos, cuando finalicen sus estudios, deben conocer el idioma o idiomas que sean oficiales en sus Comunidades. Además, alude al cumplimiento de la Constitución, lo cual debería tranquilizarnos, si realmente tanto confiamos en ella.

No cambia nada, seguirá el mismo sistema de inmersión lingüística que viene de la época de Felipe González, y a día de hoy todos los ciudadanos conocen el castellano, por lo que así seguirá siendo. En todo caso, no se explica, por qué se ve mal que un idioma cooficial se hable en la mayor parte de las asignaturas, en cambio lo elogiamos si es el inglés o cualquier otro idioma extranjero.

En cuanto a la desaparición de la Educación Especial. ¿Alguien de verdad cree que se va abandonar a niños con necesidades educativas especiales? No. Lo que se va hace es aumentar los recursos en los colegios ordinarios para que cada vez haya mayor número de niños en estos centros con los refuerzos y las ayudas que necesiten. Así nos lo exigen diferentes informes de la ONU e incluso las recomendaciones del CERMI.  Estos centros no se cierran, pero es necesario que cualquier niño tenga derecho a acudir a un centro ordinario. Solo así llegaremos a la plena inclusión.

Tampoco es el fin de la escuela concertada. No desaparece, únicamente se equiparan algunos aspectos a la escuela pública. En ningún punto de la ley se habla de su desaparición. Lo que no podrán hacer estos centros es cobrar cuotas obligatorias a las familias, ya que reciben una subvención pública. De esta manera se evita que se excluya a niños con pocos recursos que quieran acudir a la educación concertada. Tampoco desaparece la religión, quien quiera puede cursarla, aunque no computará para la nota media, ni impedirá promocionar.

Cuando se asevera que esta ley solo crea vagos y no premia el esfuerzo, porque se pasa de curso con hasta 8 suspensos, tampoco se dice la verdad y se infravalora al profesorado, ya que serán éstos quienes decidan qué alumnos promocionan y quiénes no, confiemos en su profesionalidad. Solo podrá repetirse dos veces, ya que está demostrado que la repetición de curso de manera continuada no impide el fracaso escolar. De hecho, en países punteros como Finlandia, no se contempla la repetición de cursos.

Por último, la Escuela Rural, sale beneficiada y esto será importante para nuestra Comunidad, ya que la nueva ley plantea que todos los niños puedan acudir a clase en su propio municipio. Se impulsa la escuela rural y ello permitirá fijar población en nuestros pueblos.

En conclusión, es una buena ley que solo necesita tiempo, tiempo para demostrar que las críticas son interesadas y falsas, y tiempo para demostrar que mejorará el rendimiento del alumnado y reducirá el fracaso escolar.