• Todos los concejales de la oposición, salvo los de VOX, abandonaron el pleno en señal de protesta durante la intervención de Rosalía Serrano (PP), cuya falta de legitimidad y credibilidad política comprometen cualquier debate fiscal. El gesto fue una llamada de atención inequívoca al alcalde Mazarías, que ha preferido la imposición al consenso, y que hoy ve cómo su propuesta fracasa al ser rechazada en bloque por la oposición.
  • El PSOE denuncia que el alcalde, que olvida que gobierna en minoría, ha perdido la capacidad de diálogo y de gestión: no solo ha sido incapaz de negociar con los grupos políticos, sino que también ha provocado la unión de vecinos, empresarios y colectivos sociales contra unas ordenanzas infladas e injustas. Existía la opción de dejar el asunto sobre la mesa y negociar hasta el 10 de octubre, pero el PP se ha negado, aislándose aún más.
  • El grupo municipal socialista insiste en que había margen económico real para rebajar la presión fiscal. Solo en la tasa de basuras se reconocen 1,7 millones de superávit. En lugar de aliviar a familias y empresas, el PP prefirió mantener la carga, aumentar otras tasas e intentar vender una ficticia bajada de impuestos. La oposición ha frenado el propósito de los populares.

Segovia 26 de septiembre de 2025. El pleno celebrado este viernes pasará a la historia como el mejor reflejo de la ruptura que existe entre el Gobierno del PP y el alcalde Mazarías con la ciudad de Segovia. La propuesta de ordenanzas fiscales para 2026, presentada en solitario por el equipo de Gobierno de José Mazarías, ha sido rechazada en bloque por toda la oposición municipal. El alcalde del PP no solo ha perdido la confianza de los grupos políticos, sino que también ha dado la espalda a la ciudadanía, a sus necesidades y a sus demandas de rigor, justicia fiscal y transparencia.

El momento más simbólico del debate se produjo cuando la concejala de Hacienda y Contratación, Rosalía Serrano, se disponía a defender el dictamen. Todos los concejales de la oposición —PSOE, Izquierda Unida, Segovia en Marcha y Ciudadanos— se levantaron de sus asientos y abandonaron el salón de plenos. Solo permanecieron en la sala los ediles del PP y de VOX. El gesto, contundente y sin precedentes, fue un acto unitario de protesta contra una concejala cuya gestión ha estado marcada por la opacidad, los retrasos y los escándalos urbanísticos, y a la que el alcalde sigue sosteniendo a pesar de haber perdido toda credibilidad política.

La concejala Serrano está cuestionada no solo por su ineficacia en la gestión —que se traduce en presupuestos aprobados con meses de retraso, expedientes de contratación paralizados y devolución de fondos europeos por incapacidad de ejecución—, sino también por el denominado “caso Serrano”.

Durante más de un año ocultó su participación en sociedades inmobiliarias en el Registro de Bienes y Actividades, incumpliendo una obligación que es básica para cualquier cargo público. A ello se suma que una de esas sociedades ha promovido obras sin autorización —construcción de 18 trasteros—, lo que ha llevado a la oposición a solicitar la apertura de una comisión de investigación y a plantear incluso la posibilidad de acciones judiciales.

Con este lastre, es imposible que Rosalía Serrano pueda pedir sacrificios fiscales a las familias segovianas o defender unas ordenanzas que exigen confianza, credibilidad y rigor.

 

El alcalde y el PP, atrincherados en la imposición, sufren el varapalo

Lejos de escuchar la protesta de la oposición y reconducir la situación, el alcalde Mazarías decidió seguir adelante y someter el dictamen a votación, pese a que sabía que carecía de apoyos suficientes. En lugar de optar por la vía sensata —retirar el punto, abrir un espacio de diálogo durante la próxima semana y aprobar unas ordenanzas consensuadas antes del 10 de octubre—, prefirió atrincherarse en la imposición. El resultado fue demoledor: solo el PP votó a favor de las ordenanzas fiscales de 2026, mientras que todos los grupos de la oposición se pronunciaron en contra.

Es una derrota política en toda regla para el alcalde, que se traduce en aislamiento, pérdida de credibilidad y ruptura con la ciudad.

La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Segovia, Clara Martín, ha valorado el desarrollo del pleno como “el mejor reflejo de la ruptura que mantiene el equipo de gobierno con la ciudad”. Martín denunció la falta de negociación y de autocrítica del alcalde: “Después de perder la votación, el alcalde no asumió ni un solo error, no verbalizó un mea culpa, y se limitó a reprender a la oposición como un mal profesor a sus alumnos”, señaló al término del pleno, en declaraciones a los periodistas.

Clara Martín ha recordado que el grupo socialista se ha ofrecido en repetidas ocasiones al diálogo y ha advertido de que el equipo de gobierno aún tiene de plazo hasta el 10 de octubre para aprobar unas nuevas ordenanzas fiscales. Sin embargo, el alcalde decidió no dejar el asunto sobre la mesa y continuar adelante pese a conocer de antemano el voto en contra de todos los grupos de la oposición.

En su intervención, la portavoz socialista ha insistido en que la situación se ve agravada por la permanencia en el equipo de Gobierno de la concejala Rosalía Serrano, cuestionada por su vinculación con varias empresas inmobiliarias y la ejecución de obras sin la debida autorización urbanística. Martín ha subrayado que todavía no se han ofrecido explicaciones ni a la oposición ni a la ciudadanía sobre el denominado “caso Serrano”, y ha recordado la existencia de informes técnicos municipales que advierten de que dichas actuaciones carecían de legitimidad.

En este sentido, el PSOE estará muy pendiente de la comisión de investigación que se abrirá en las próximas semanas y no descarta emprender acciones judiciales en los próximos meses. “La lealtad institucional la estamos demostrando desde la oposición, no el equipo de gobierno, que sigue amparando a una concejala cuestionada y mantiene una actitud de confrontación permanente con la ciudad”, ha concluido Clara Martín”.

 

Las ordenanzas no pueden improvisarse ni imponerse sin diálogo

Estas palabras resumen la situación: el alcalde ha convertido la política fiscal en un campo de confrontación, en lugar de en un espacio de acuerdos y responsabilidad compartida. El PSOE recuerda que las ordenanzas fiscales no son un trámite cualquiera: determinan cuánto pagan los vecinos, qué recursos obtiene el Ayuntamiento y qué capacidad tiene la administración local para prestar servicios, invertir y cumplir con sus compromisos. Son, por tanto, el corazón de la política municipal, y no pueden improvisarse ni imponerse sin diálogo.

A este déficit de legitimidad se suma un dato económico clave que el PP ha intentado ocultar: la tasa de recogida y tratamiento de residuos presenta un superávit de 1.701.047 euros. El coste real del servicio es de 4.554.085 euros (2.814.949 en recogida y 1.739.136 en tratamiento), mientras que la previsión de recaudación alcanza los 6.255.132 euros. Esto significa que el Ayuntamiento ingresa muy por encima de lo necesario, cargando a las familias con un recibo que ha pasado de 70,77 euros en 2023 a 126 euros en 2025, un 78% más en apenas dos años. Ese superávit podía haberse destinado a rebajar la tasa tanto a familias como a empresas, pero el PP ha preferido mantenerlo y utilizarlo como colchón para sus cuentas, a costa del bolsillo de los segovianos.

Las críticas no son solo políticas. Asociaciones empresariales han denunciado públicamente que las compensaciones ofrecidas por el Ayuntamiento son insuficientes. El PSOE coincide en ese diagnóstico: con 1,7 millones de euros de margen, el esfuerzo podía y debía ser mucho mayor. Pero el PP ha decidido ignorar estas voces y mantener una política fiscal inflada, injusta y regresiva.

Además, lejos de ofrecer una verdadera rebaja de impuestos, las ordenanzas incluyen subidas encubiertas: la reserva de vía pública en vías de primera categoría sube un 44%, los cajeros automáticos soportan un incremento del 63,33% y las licencias urbanísticas encarecen las obras más comunes al aumentar los módulos de cálculo. En el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, las rebajas son testimoniales para la mayoría de los contribuyentes —entre 1 y 3 euros—, mientras que los vehículos más potentes obtienen descuentos mayores, una medida que favorece a unos pocos.

El rechazo de las ordenanzas no es un simple episodio político: es el síntoma de un modelo agotado. El alcalde y su equipo han demostrado que carecen de capacidad de diálogo, que se encierran en la propaganda y que desprecian la oportunidad de alcanzar acuerdos beneficiosos para la ciudad. Lo sucedido este viernes no es solo una derrota política para el PP: es una señal de alarma que refleja la distancia creciente entre el gobierno municipal y la realidad de Segovia.

El grupo municipal socialista reafirma su compromiso con una política fiscal justa, transparente y consensuada. Reiteramos nuestra disposición al diálogo para aprobar unas ordenanzas antes del 10 de octubre que alivien a las familias, apoyen a las empresas y aprovechen cada euro de manera eficiente.

 

Rechazada la moción del PSOE sobre emergencia climática y prevención de incendios.

Por otra parte, el PP y sus aliados de VOX, han unido fuerzas para que el pleno rechazase la moción del PSOE, apoyada por el resto de los grupos, sobre emergencia climática y prevención de incendios. La moción se dirigía a exigir un dispositivo público, permanente y profesional de prevención y extinción de incendios que garantice cobertura de todo el término municipal de Segovia.

Clara Martín ha explicado que la propuesta respondía a la vulnerabilidad de Segovia frente a los incendios forestales, recordando que el verano de 2025 en Castilla y León fue catastrófico, con más de 150.000 hectáreas arrasadas y pérdidas humanas irreparables.

Clara Martín destacó que la moción pretendía adaptar los servicios municipales a la nueva realidad, tras la futura finalización del convenio con la Diputación Provincial, y asegurar que el Parque Municipal de Bomberos pudiera atender todas las zonas del término municipal, incluyendo aquellas más alejadas y que actualmente quedan desprotegidas. La iniciativa también incluía la reivindicación de mayor coordinación con la Junta de Castilla y León, dotación de recursos humanos y materiales suficientes, y la transformación del dispositivo actual en un operativo permanente y profesional.

A pesar de la importancia de la propuesta, la moción fue rechazada por el equipo de gobierno del PP. Según Clara Martín, esta decisión demuestra una falta de compromiso con la seguridad de los segovianos y la necesidad de modernizar los servicios de emergencias municipales. La portavoz subrayó que, mientras persista esta postura, la ciudad sigue expuesta a riesgos significativos, especialmente en zonas urbanas y forestales sensibles.

Lamentables y muy desafortunadas las declaraciones de César Martín, quien en un tono agresivo y fuera de lugar, llegó a asegurar que el PSOE atacaba al servicio de bomberos de Segovia y que la moción denigraba a estos profesionales.

Clara Martín ha respondido: “esto no es una moción para atacar el excelente trabajo de los bomberos de Segovia, todo lo contrario, es para dotarles de los medios necesarios y proteger todo el término municipal”.

La portavoz socialista ha lamentado la incompetencia y falta de coordinación de la administración regional. “Desde luego nuestros bomberos estarán a disposición de cualquier emergencia, pero también hay que tener un trabajo coordinado y lo que ha pasado este verano ha demostrado que la Junta no tiene capacidad para hacerlo”.

El concejal del PP eludió hablar de la precariedad del sistema de prevención autonómico o de la incapacidad y falta de coordinación y gestión de los incendios este verano, o de las condiciones laborales de quienes lucharon contra el fuego. “Quien no mira con orgullo a los bomberos de esta comunidad es su presidente Mañueco y su consejero Suárez Quiñones”, zanjó Martín.