• El anterior Gobierno del PSOE suscribió un contrato, el 13 de junio de 2023, para iniciar los trabajos de revisión del PGOU, que fue valorado en 55.865,70 euros, según la oferta del adjudicatario. Un año después, el pasado mes de julio, el grupo del PSOE pidió acceso al expediente y descubrió que el contrato no se había ejecutado. Tras 15 meses sin mover un papel, el concejal de Urbanismo, Alejandro González Salamanca, ordena de forma unilateral rescindir este contrato.
  • El Gobierno del PP no quiere revisar el PGOU, incumpliendo su propio programa electoral, pero tampoco estimular el desarrollo de los sectores privados que contempla el actual planeamiento urbanístico ni promover suelos de titularidad pública, como el PRAU de Las Lastras o el Regimiento. La vivienda pública no es una prioridad para Mazarías y el PP, mientras el precio de venta y alquiler se dispara en la ciudad, expulsando a las familias a los núcleos del alfoz.

Segovia 11 de septiembre de 2024. El grupo municipal del PSOE ha exigido hoy al Gobierno del PP que rectifique y active todos los mecanismos para abordar la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Segovia, la herramienta estratégica imprescindible para promover vivienda en la ciudad y frenar la preocupante escalada de precios en Segovia, de hasta un 14,8% de subida en lo que va de año, la más importante de Castilla y León.

En los últimos 15 meses, el Gobierno del alcalde Mazarías no solo no ha estimulado ni un solo proyecto auspiciado por los promotores privados – de los ya contemplados en el PGOU—sino que tampoco ha impulsado los vinculados a suelo público, como el PRAU de Las Lastras o los terrenos del antiguo Regimiento.

Es más, y, curiosamente, después de que preguntara al respecto el grupo municipal del PSOE, el Gobierno del PP ha decidido de forma unilateral rescindir el contrato suscrito en junio de 2023 para iniciar los trabajos de revisión del PGOU. Esta decisión unilateral implica la paralización de la asistencia técnica externa para la elaboración de la evaluación ambiental y el documento de avance del PGOU.

Está claro que el PP —al que no le importa incumplir su propio programa electoral— no va a mover un dedo para solucionar el problema de la vivienda en Segovia. Tampoco le interesa adaptar la normativa urbanística a las nuevas circunstancias para agilizar la concesión de licencias, algo que permitiría un PGOU revisado y adaptado a la realidad actual. No está entre sus prioridades.

 

La revisión del PGOU: fundamental para que la ciudad avance

La revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Segovia es un paso fundamental para asegurar el crecimiento ordenado y sostenible de la ciudad. El primer PGOU data de 1984 y fue revisado con aprobación definitiva en 2008, 16 años después, ante una situación totalmente diferente a la que se encontraba la ciudad en aquel momento en plena “burbuja inmobiliaria”.

Es necesario abordar este nuevo reto si lo que se busca es que Segovia avance. La revisión del PGOU permite no solo actualizar y adaptar las normativas urbanísticas a las necesidades actuales, sino que también facilita la integración de nuevas políticas medioambientales, sociales y económicas.

La revisión del PGOU es, por tanto, imprescindible para que Segovia adapte su desarrollo urbano a sus necesidades actuales y futuras (que distan de las planteadas en 2008 y que no se han podido cumplir). Pero también es esencial para garantizar la protección de su patrimonio histórico y natural, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos (con nuevos espacios públicos, zonas residenciales e infraestructuras) y para fomentar la participación ciudadana. Es también una gran oportunidad para el impulso económico, facilitando la creación de empleo y el desarrollo de nuevas alternativas de negocio.

 

Rescisión unilateral del contrato de revisión del PGOU

Consciente de la necesidad de abordar la actualización del máximo instrumento de la gestión urbanística —-una vez aprobado el PEAHIS y los proyectos de regeneración urbana para diferentes barrios— el anterior Gobierno municipal del PSOE contrató en 2023 el servicio de la asistencia técnica para el desarrollo del proceso de evaluación ambiental estratégica de la revisión del PGOU de Segovia. Esta evaluación ambiental incluía la presentación del documento de avance, esto es, la fase inicial de la revisión del PGOU.

El precio inicial de la licitación fue de 78.650 euros (IVA incluido) y se adjudicó por un importe de 55.865,70 euros a la empresa LAVOLA 1981 S.A.U. El contrato fue firmado el 13 de junio de 2023. El plazo de ejecución era de 15 meses con la primera entrega del análisis inicial a los tres meses de la firma del contrato, es decir en septiembre de 2023.

Sin embargo, el 9 de septiembre de 2023 la adjudicataria solicitó un aplazamiento ya que “no se han recibido instrucciones por parte del equipo contratante para el inicio de los trabajos hasta fecha de hoy y habiendo transcurrido ya los tres meses desde la firma del contrato, y con el objetivo de poder garantizar el cumplimiento de la normativa, se solicita prórroga de dos meses”. En otras palabras, nadie del actual equipo de Gobierno del PP o de la Concejalía de Urbanismo se puso en contacto con la empresa ni le dio respuesta a su solicitud.

Casi un año después, en el mes de julio de 2024, el grupo municipal del PSOE solicitó el acceso al expediente para conocer el grado de ejecución del contrato. La sorpresa fue comprobar que no se había ejecutado ni uno solo de los plazos inicialmente previstos. Esta petición de información tuvo consecuencias inmediatas. Apenas un mes después, el 9 de agosto, una técnico municipal de la Concejalía de Urbanismo redacta un documento de propuesta de resolución del contrato de revisión del PGOU.

La primera “razón” para justificar la rescisión del contrato era que “los trabajos de preparación fueron redactados por el anterior equipo de gobierno, no participando en los mismos la corporación actual”; un motivo totalmente ridículo e incoherente, pues se trata de una documentación puramente técnica donde no cabe matiz político de ningún tipo.

El segundo argumento para rescindir el contrato es que el equipo redactor estaba encabezado por el mismo arquitecto que dirigió la redacción del PEAHIS, un arquitecto que ostentaba un cargo de confianza del anterior equipo de Gobierno y que fue cesado en su cargo por el alcalde Mazarías el 16 de junio de 2023. “En este momento no hay personal suficiente para poder abordar esta tarea”, zanja el citado informe de la técnico de Urbanismo.

En este aspecto, resulta lamentable que el alcalde Mazarías optase por cesar a este especialista, uno de los mayores expertos en planeamiento de Segovia, necesario para impulsar los proyectos estratégicos de la ciudad, solo para aumentar el personal de confianza del Gabinete de Alcaldía.

El error de aquella decisión, la de cesar a este reputado profesional, ha quedado en evidencia cuando Mazarías ha contratado recientemente a este mismo especialista para encargarle la redacción de la modificación urbanística que permita instalar el nuevo Recinto Ferial y un aparcamiento disuasorio en el entorno del edificio CIDE.

 

Mazarías incumple su propio programa electoral

El alcalde Mazarías no es de fiar. No tiene palabra y lo ha vuelto a demostrar. La rescisión del contrato sobre el PGOU supone incumplir el programa electoral con el que concurrió a los comicios de 2023. Mazarías prometía a los electores que iba a revisar el PGOU y el PEAHIS, reorganizar el Área de Urbanismo con apoyo al personal y más medios y simplificar la tramitación administrativa, en especial las licencias.

Nada de eso hay. Es más, Mazarías debería conocer que la revisión del PGOU supone también adaptar la normativa a la realidad para, entre otros propósitos, agilizar la concesión de licencias; por lo que la paralización de los trabajos de revisión supone, además, desentenderse de su promesa de mejorar el funcionamiento de la oficina de Urbanismo.

El PP no solo paraliza la revisión del PGOU, sino que tampoco está por la labor de desarrollar el suelo previsto en el planeamiento urbanístico en vigor, tal y como ha reconocido de forma reiterada el alcalde Mazarías. La última vez ha sido  cuando se le ha preguntado al alcalde por el desarrollo de los terrenos del Regimiento y la demanda del rector del campus de Segovia de la Universidad de Valladolid (Uva) para que se avanzara en el equipamiento previsto en estas parcelas (residencia universitaria). Mazarías ha reconocido explícitamente que no es una prioridad para el Gobierno municipal del PP que encabeza.

La realidad es que desde que se firmó el contrato, el equipo de Gobierno del PP no ha realizado ni un solo trámite para comunicar a la empresa adjudicataria los trabajos que tenían que ejecutarse vinculados a la revisión del PGOU. Como hemos dicho, solo se han dirigido a la empresa cuando el grupo municipal del PSOE solicitó el acceso al expediente y para comunicar la decisión de rescisión unilateral del contrato.

La primera consecuencia es que se han quedado 78.650 euros retenidos sin ejecutarse durante estos quince meses, correspondientes al importe previsto para la contratación del servicio. Pero es que, además, no se ha abordado una cuestión vital y estratégica como es el desarrollo urbanístico de la ciudad para poder paliar la grave situación de la vivienda en Segovia

En el pasado mandato el Gobierno municipal del PSOE tuvo, como primer objetivo, la aprobación del PEAHIS y su puesta en marcha. Después el reto era el desarrollo industrial, a través del nuevo área industrial de Prado del Hoyo, hoy paralizado por el PP, y abordar diferentes modificaciones urbanísticas para la regeneración urbana. Así se redactaron las memorias para diferentes Entornos Residenciales de Rehabilitación Programanda (ERRP) y se abordó la remodelación de la calle Tours, para generar viviendas, equipamientos y espacios libres y un nuevo viario de cierre en esa zona del barrio de La Albuera, proyecto paralizado por el PP.

El Gobierno municipal socialista también afrontó la modificación del PGOU para el entorno del Regimiento para generar vivienda pública (127 viviendas) —incluídas las que corresponden al Ministerio de Defensa, que también tienen que ser públicas— y unos equipamientos necesarios para la ciudad y la cercana universidad pública de la UVa.

Sin embargo, el alcalde tiene ambos proyectos guardados en el cajón. No son su prioridad, pero tampoco sabemos cuáles son sus planes. Mucho nos tememos que ocurrirá lo mismo que con el PRAU de Las Lastras, donde se contemplaban 510 viviendas públicas y un gran parque urbano. Prometió “otro proyecto” pero al día de hoy no hay absolutamente nada para dar viabilidad a esta gran bolsa de suelo de terreno público.

 

Si no revisan el PGOU, que desarrollen los sectores del planeamiento en vigor

En el PGOU vigente, los datos globales nos indican que los diferentes sectores urbanos suman solo en Segovia capital una superficie neta 345.406,36 m2 donde podrían construirse alrededor de dos mil viviendas (1.951), mientras que se reservan más de 142.786,29 metros cuadrados para espacios libres, otros 31.081,81 para equipamientos. Por su parte, el planeamiento vigente permitiría la construcción de más de 400 viviendas en los barrios incorporados.

Un proyecto singular por sus dimensiones es el desarrollo de las áreas A y B (sectores urbanizables junto a la carretera de La Granja). Ambos sectores van a ser modificados por las juntas de compensación para dar viabilidad a su desarrollo de manera prioritaria.  Ambos sectores ocupan una totalidad de 947.060 m2, capaz de albergar 4.749 viviendas.

Los socialistas consideran que si el alcalde Mazarías no quiere abordar la revisión del PGOU, al menos debería impulsar lo que permite el planeamiento vigente y abordar el desarrollo de sectores de suelo urbano consolidado dentro del entorno urbano de la ciudad. Su desarrollo no solo permitiría una mejora estética y visual de estas zonas de la ciudad, sino también fijar población en los barrios existentes, dejando de lado los nuevos desarrollos urbanísticos que son más propios de los municipios del alfoz y con una tipología de vivienda que no facilitan la integración urbana y social en la ciudad.

En este sentido, y entre otros, se podrían abordar diferentes bolsas de suelo en el entorno urbano de Segovia apoyando a los promotores privados: los sectores El Cerro-Norte (7,6 has y 370 viviendas), Baterías (1,4 has y 95 viviendas), Velódromo-Altos de la Piedad (5 has y 350 viviendas), Alfonso VI (1,38 has y 86 viviendas), Vía Roma (II) (0,8 has y 56 viviendas), Terminillo (1,8 has y 91 viviendas) y Terminillo (II) 1,6 has y 119 viviendas).

También en los barrios incorporados existen bolsas de suelo donde caben promociones de nueva vivienda pública, en Zamarramala (Botes de Galdabras (40 viviendas), Madrona (Camino de Abades, con 94 viviendas y San Antonio (49 viviendas) y en Fuentemilanos (Otero, con 100 viviendas, y El Caño, con 58 viviendas y Camino de la Ermita )

Si el PP y Mazarías apuesten verdaderamente por la vivienda pública deberían aprovechar los sectores ya avanzados como el Prau de Las Lastras, con una superficie neta de 113.015,80 metros cuadrados, donde pueden levantarse 510 viviendas y el sector del Acuartelamiento Leones de Castilla, antiguo Regimiento, con una superificie neta de 18.419 metros cuadrados, donde se proyectan 127 viviendas.

A estos dos espacios de terreno público se une el espacio del antiguo parque de bomberos en Padre Claret, de 1,991 metros cuadrados, con otras 56 viviendas. También podría abordar desde ya el proyecto de normalización de fincas en el entorno de la calle Tours, que afecta a casi 14.000 metros de suelo urbano, que permitiría dos bloques de viviendas, además de espacios libres públicos y 90 plazas de aparcamiento.

Segovia no se puede permitir el bloqueo y parálisis al que le está sometiendo el alcalde y el Gobierno del PP, más preocupados en desmanterlar toda herencia socialista y en el ‘pan y circo’ que en abordar los problemas de los segovianos, entre ellos, el del acceso a una vivienda a precios razonables. El ‘cambio’ que prometió Mazarías es lamentable, es el de una ciudad más descuidada, con peores servicios públicos y sin una estrategia ni planificación para el futuro.