- La moción plantea crear un censo municipal, reforzar la inspección y coordinación con la Junta y establecer límites a la concentración de viviendas turísticas en las zonas más saturadas.
- Los socialistas reclaman conocer la situación real ante la diferencia entre las 101 viviendas ofertadas que contabiliza el INE y las 41 inscritas en el registro de la Junta de Castilla y León.
- Clara Martín reprocha al PP que haya abandonado el control: desde 2023 no se ha abierto ningún expediente sancionador a viviendas de uso turístico irregulares.
Segovia 26 de agosto de 2026. El Grupo Municipal Socialista llevará al próximo pleno del Ayuntamiento de Segovia una moción para ordenar y controlar la implantación de las viviendas de uso turístico y proteger el parque residencial de la ciudad. La portavoz socialista, Clara Martín, ha defendido que el objetivo no es cuestionar una actividad que es perfectamente legal cuando cumple la normativa, sino actuar frente a los alojamientos que operan al margen de ella y evitar que determinadas zonas de la ciudad pierdan progresivamente su uso residencial.
Los socialistas proponen elaborar un estudio actualizado que permita conocer cuántas viviendas de uso turístico existen realmente y dónde se concentran; crear un censo municipal; reforzar la inspección y la coordinación entre el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León; y recuperar la modificación del planeamiento planteada en 2023 para poder establecer límites a la concentración de usos turísticos en aquellas zonas donde exista riesgo de saturación.
Martín ha subrayado además que el Ayuntamiento sí tiene competencias urbanísticas para actuar y ha reprochado al Gobierno del PP que desde 2023 no haya impulsado expedientes sancionadores en esta materia, pese a que durante la etapa anterior la coordinación entre administraciones permitió detectar y cerrar alojamientos que funcionaban al margen de la normativa.
A continuación, reproducimos el texto íntegro de la moción que el Grupo Municipal Socialista defenderá en el próximo pleno municipal:
El acceso a una vivienda digna y asequible es uno de los principales problemas que afectan actualmente a la ciudadanía. La escasez de alquiler residencial, el aumento de los precios y la pérdida de población estable en determinadas zonas exigen que las administraciones utilicen todas sus competencias para proteger la vivienda habitual.
Las viviendas de uso turístico constituyen una actividad económica legal cuando cumplen la normativa. No se trata de cuestionar esta modalidad de alojamiento ni de perjudicar a quienes desarrollan su actividad correctamente. Se trata de garantizar que todas cumplen las mismas reglas y de evitar que una concentración excesiva termine desplazando el uso residencial en determinados barrios.
En algunas zonas de Segovia se observa una concentración creciente de alojamientos turísticos y la transformación de viviendas que anteriormente estaban ocupadas por residentes. Esta situación debe analizarse con datos objetivos para conocer su alcance real y evitar que el problema avance sin que el Ayuntamiento adopte ninguna medida.
Según la Estadística experimental de viviendas turísticas del Instituto Nacional de Estadística, que analiza la oferta publicada en Airbnb, Booking y Vrbo, en mayo de 2026 se estimaban en el municipio de Segovia 101 viviendas turísticas, con 564 plazas. Esta cifra representaría aproximadamente el 0,35 % del parque total de viviendas del municipio.
Por otra parte, el conjunto de datos abiertos del Registro de Turismo de Castilla y León recoge 41 viviendas de uso turístico inscritas en el municipio, con alrededor de 240 plazas: 32 en Segovia, 5 en Revenga, 2 en Zamarramala, 1 en Fuentemilanos y 1 en Hontoria.
La diferencia entre ambas fuentes no significa que existan exactamente 60 viviendas ilegales. La estadística del INE es una estimación obtenida a partir de las plataformas y puede incluir anuncios duplicados o inactivos, errores de localización o alojamientos inscritos bajo otra modalidad.
Sin embargo, la diferencia es suficientemente importante para exigir una comprobación individualizada. En la actualidad, el Ayuntamiento no dispone de una radiografía pública y actualizada que permita saber cuántas viviendas se están comercializando realmente, cuáles están inscritas en el registro autonómico, cuáles cumplen los requisitos municipales y en qué zonas se concentran.
El planeamiento urbanístico de Segovia considera que las viviendas de uso turístico forman parte del uso terciario hostelero. Así lo establece el artículo 245 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Por su parte, el artículo 133.4 del Plan Especial de las Áreas Históricas (PEAHIS) establece que los apartamentos y las viviendas turísticas solamente pueden implantarse en edificios completos o cuando no compartan accesos, portal, escalera ni ascensor con el resto del inmueble.
Esta regulación trata de evitar determinados conflictos de convivencia dentro de los edificios. Sin embargo, la posibilidad de destinar edificios completos al alojamiento turístico puede provocar otro problema: qué inmuebles de uso residencial sean rehabilitados para transformarse íntegramente en establecimientos de uso terciario hostelero.
La rehabilitación de los edificios es necesaria, especialmente en la ciudad histórica, pero las políticas municipales deben favorecer que esa rehabilitación permita recuperar viviendas para residencia habitual. No puede producirse una pérdida continuada del parque residencial en favor del uso terciario hostelero.
Si el propio planeamiento diferencia claramente ambos usos, también debe establecer las condiciones necesarias para mantener un equilibrio entre ellos. El Ayuntamiento debe evitar que el uso terciario hostelero se concentre de manera desproporcionada en determinadas zonas y termine sustituyendo al uso residencial.
Para establecer límites jurídicamente seguros es necesario realizar previamente un estudio que analice la situación de cada barrio, de los barrios incorporados y de la entidad local menor de Revenga. Ese estudio deberá servir de base para modificar el PGOU y el PEAHIS y determinar en qué ámbitos pueden admitirse nuevas implantaciones y en cuáles se ha alcanzado un nivel de concentración que aconseja limitarlas.
La ordenación y el control de las viviendas de uso turístico requieren la actuación coordinada de la Junta de Castilla y León y del Ayuntamiento de Segovia.
La Junta tiene las competencias en materia de turismo y vivienda. Le corresponde recibir las declaraciones responsables turísticas, gestionar el Registro de Turismo e inspeccionar el cumplimiento de la normativa turística.
El Ayuntamiento tiene competencias propias en urbanismo, medio ambiente, protección del patrimonio, convivencia y disciplina. Debe comprobar si el uso turístico es compatible con el PGOU y con el PEAHIS y si la actividad cuenta con una comunicación ambiental eficaz y con los restantes títulos municipales exigibles.
La inscripción en el Registro de Turismo de Castilla y León no sustituye el cumplimiento de los requisitos municipales. Una vivienda no puede desarrollar una actividad turística cuando el Ayuntamiento haya determinado que su uso es incompatible con el planeamiento o que su comunicación ambiental no puede producir efectos.
La anulación por el Tribunal Supremo del Registro Único estatal de Arrendamientos refuerza la necesidad de que cada Administración ejerza sus competencias. La Junta debe controlar el cumplimiento turístico y el Ayuntamiento debe actuar en materia urbanística, ambiental y de disciplina.
En septiembre de 2020, durante el anterior mandato municipal, el Ayuntamiento inició actuaciones sobre seis alojamientos turísticos que podían estar desarrollando su actividad sin cumplir los requisitos municipales.
Aquellas actuaciones se impulsaron desde Urbanismo en coordinación con la Policía Local, la Junta de Castilla y León, la Subdelegación del Gobierno y representantes del sector hostelero. El objetivo era defender a los establecimientos que cumplían la normativa, evitar la competencia desleal y garantizar que las viviendas turísticas contasen con los títulos necesarios.
Antes de finalizar el anterior mandato, en 2023, también quedó redactada una modificación del PEAHIS para revisar el régimen que permite transformar edificios residenciales completos en viviendas o apartamentos turísticos.
La propuesta pretendía evitar que la rehabilitación integral de edificios se convirtiera en una vía para sustituir de manera continuada viviendas residenciales por alojamientos turísticos en las zonas con mayor concentración.
El actual equipo de Gobierno del PP no ha tramitado esta modificación durante los últimos tres años. Tampoco ha presentado una alternativa ni ha elaborado un estudio actualizado sobre la distribución de las viviendas turísticas y su efecto sobre el parque residencial.
El Decreto de Alcaldía 2026/05218, de 20 de agosto de 2026, confirma que el Ayuntamiento tiene competencias para impedir una actividad turística incompatible con el planeamiento.
La resolución declara que una vivienda situada en la calle María de Pablos Cerezo no puede transformarse en vivienda de uso turístico porque comparte los accesos y elementos comunes del edificio y, por tanto, incumple el PEAHIS.
Sin embargo, la comunicación ambiental fue presentada el 20 de noviembre de 2024 y la resolución definitiva no se produjo hasta el 20 de agosto de 2026. El Ayuntamiento ha tardado aproximadamente veintiún meses en determinar que la actividad solicitada no era compatible con el planeamiento.
Esta demora perjudica al solicitante, genera inseguridad jurídica y dificulta el control municipal. No se puede perseguir eficazmente una actividad que carezca de una comunicación ambiental eficaz si el Ayuntamiento tarda casi dos años en revisar la documentación y resolver el expediente.
Los técnicos municipales necesitan información ordenada, criterios claros y mecanismos de coordinación con la Junta. Una radiografía actualizada y un censo municipal permitirían detectar antes las posibles irregularidades, priorizar las inspecciones y agilizar los procedimientos.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
ACUERDO
Por todo ello, el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Segovia, propone:
- Elaborar un estudio actualizado sobre el parque de vivienda y la implantación de los alojamientos turísticos en Segovia, sus barrios, los barrios incorporados y la entidad local menor de Revenga.
El estudio deberá diferenciar viviendas de uso turístico, apartamentos turísticos y establecimientos hoteleros, analizar su distribución y concentración territorial y determinar su incidencia sobre la vivienda residencial y la población estable. Este estudio constituirá la radiografía de partida para adoptar decisiones urbanísticas, facilitar el trabajo de los técnicos municipales y mejorar la coordinación con la Junta de Castilla y León.
- Redactar una ordenanza municipal que cree un censo de alojamientos turísticos y organice la información, la coordinación y la inspección dentro de las competencias del Ayuntamiento. El censo deberá permitir conocer qué alojamientos están inscritos en el Registro de Turismo de Castilla y León, cuáles cuentan con una comunicación ambiental eficaz, cuáles son compatibles con el planeamiento y cuáles requieren una actuación municipal. Tendrá carácter informativo y de control y no supondrá la creación de una nueva autorización turística municipal.
- Recuperar y actualizar la modificación del PEAHIS redactada en 2023 e iniciar la modificación del PGOU y del propio PEAHIS para regular la implantación de viviendas y apartamentos turísticos. La nueva regulación deberá establecer límites objetivos de concentración basados en el estudio previo, favorecer la rehabilitación de inmuebles para vivienda residencial, evitar la pérdida del parque residencial existente y revisar las condiciones que permiten transformar edificios completos en establecimientos de uso terciario hostelero.
- Establecer un sistema municipal de seguimiento e inspección que facilite el trabajo de los técnicos y permita detectar y tramitar con mayor rapidez los casos de viviendas turísticas que desarrollen su actividad sin cumplir los requisitos urbanísticos o ambientales. El Ayuntamiento deberá ejercer las medidas de disciplina que correspondan cuando se compruebe que una actividad es incompatible con el planeamiento o carece de una comunicación ambiental eficaz.
- Instar a la Junta de Castilla y León a reforzar la inspección turística en Segovia y a establecer un sistema permanente de colaboración con el Ayuntamiento. Ambas administraciones deberán intercambiar la información necesaria sobre el Registro de Turismo, las comunicaciones ambientales y la compatibilidad urbanística. Cuando el Ayuntamiento determine mediante resolución que una vivienda no puede destinarse al uso turístico, la Junta deberá revisar su situación en el Registro de Turismo y adoptar las medidas que correspondan dentro de sus competencias.
