- La vicesecretaria general provincial, explica que después del impulso por parte del Gobierno de España aprobando medidas urgentes para modificar la ley de la cadena alimentaria y prohibir la venta a pérdidas, ahora corresponde a la Junta su aplicación, revisión y control en nuestra provincia y Comunidad para evitar su incumplimiento.
- En la provincia de Segovia con más de 3.500 profesionales del campo, además de todo el empleo del sector agroindustrial, la administración competente a efectos de los que vivimos y tenemos contactos con los profesionales, da la sensación que no está activa ante las diferentes problemáticas existentes.
- “En el medio rural, los agricultores y ganaderos nos trasladan que echan de menos medidas por parte de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, para el campo, dentro de su marco competencial y sus presupuestos ya que es necesario en muchos sectores que tienen problemas”, señaló Ana Agudíez.
- La también senadora y alcaldesa de Cabezuela, pregunta si la Junta va a suplementar las partidas para seguros agrarios en la Comunidad, o poner en marcha alguna ayuda para los productores de cochinillo que en la provincia de Segovia tiene un impacto importante ante el cierre temporal de la hostelería por los efectos del Covid-19.
- Agudíez, pone en valor la respuesta rápida del Gobierno de España con la aprobación del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario, así como las relacionadas con autónomos que afectan al sector agrario y ganadero o la Orden del Ministerio de Hacienda publicada el pasado 9 de abril, por la que se reducen, para agricultores y ganaderos, los Índices de Rendimiento Neto o de módulos aplicables en 2019 en el sistema de estimación objetiva del IRPF.
Ana Agudíez pide a la Junta que complemente las medidas del Gobierno de España para el sector agrario.
La vicesecretaria general provincial, explica que después del impulso por parte del Gobierno de España aprobando medidas urgentes para modificar la ley de la cadena alimentaria y prohibir la venta a pérdidas, ahora corresponde a la Junta su aplicación, revisión y control en nuestra provincia y Comunidad para evitar su incumplimiento y que perjudique a los profesionales del campo que en algunos sectores ven peligrar la rentabilidad de sus explotaciones.
Ana Agudíez recordó que se introduce, como cláusula obligatoria en los contratos, la indicación expresa de que el precio pactado entre agricultores y ganaderos y su primer comprador cubre los costes de producción. En la nueva norma ya publicada en el BOE se prohíben las actividades promocionales que induzcan a error sobre el precio e imagen de los productos, también la destrucción del valor a lo largo de la cadena y se endurecen las infracciones
La Ley aprobada contempla medidas urgentes para garantizar el nivel de vida, mejorar la posición negociadora y lograr el justo reparto de los costes generales del sector primario a lo largo de la cadena alimentaria. Unas medidas concretas que tienen como finalidad evitar el abandono de las explotaciones agrarias e impulsar el reequilibrio entre todos los eslabones (productores, cooperativas, industria alimentaria, distribución y consumidores).
En la provincia de Segovia con más de 3.500 profesionales del campo, además de todo el empleo del sector agroindustrial, que en conjunto suponen un 10,5 % del PIB provincial, la administración competente a efectos de los que vivimos y tenemos contactos con los profesionales, da la sensación que no está activa ante las diferentes problemáticas existentes.
“En el medio rural, los agricultores y ganaderos nos trasladan que echan de menos medidas por parte de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, para el campo, dentro de su marco competencial y sus presupuestos ya que es necesario en muchos sectores que tienen problemas. Se echa de menos en estos momentos tan complicados por los efectos sociales y económicos debidos al Covid-19, una ayuda extraordinaria para los profesionales que empiezan a tener dificultades”, señaló Ana Agudíez.
Disponibilidad de mano de obra
Explicó que el Gobierno de España, atiende a través del diálogo con las OPAs, medidas como las reflejadas en el Real Decreto-Ley por el que se aprueban medidas urgentes de carácter temporal en materia de empleo agrario, que permitirán garantizar la disponibilidad de mano de obra para hacer frente a las necesidades de agricultores y ganaderos. Su objetivo es asegurar la recolección en las explotaciones agrarias, el flujo productivo para los eslabones posteriores de la cadena y el abastecimiento de la población, ante la disminución acusada de la oferta de mano de obra que habitualmente se ocupa de las labores agrarias como temporera en el campo español, por limitaciones sanitarias a los viajes desde sus países de origen como consecuencia del COVID-19.
En nuestra provincia es muy importante para cultivos de verano o la fresa que no son susceptibles de mecanizarse y, por lo tanto, corren el riesgo de perderse. Estas medidas favorecen la contratación temporal de trabajadores en el sector agrario mediante el establecimiento de medidas extraordinarias de flexibilización del empleo, de carácter social y laboral, necesarias para asegurar el mantenimiento de la actividad agraria, durante la vigencia del estado de alarma.
Paquete de Autónomos
Asimismo se adaptó dentro del paquete de medidas para autónomos las medidas para el sector primario, con una nueva redacción al artículo 17 de Real Decreto-Ley 8/2020 puntualizando el alcance de la protección y la acreditación de los requisitos necesarios la percepción de la prestación extraordinaria para autónomos (ingresos inferiores al 75%) para determinadas actividades que perciben sus ingresos de manera desigual a lo largo campañas o períodos temporales superiores al semestral, que es el parámetro temporal de comparación que constituye la regla general. Todas ellas se regirán por otros periodos de cálculo. Tal y como recoge la modificación de la norma, esta prestación extraordinaria por cese de actividad tendrá duración de un mes, ampliándose, en su caso, hasta el último día en el que finalice el estado de alarma.
Seguros Agrarios
La senadora explicó que el Sistema de Seguros Agrarios Combinados es la principal herramienta para la gestión de riesgos en el sector agrario. Se caracteriza por su agilidad y dinamismo para adaptarse a las circunstancias. Por ello, ante la excepcionalidad de la situación actual, se han puesto en marcha los mecanismos para que agricultores y ganaderos puedan suscribir su seguro agrario con mayor facilidad y garantía, pero es necesario que la Junta apueste de una vez por todas por su potenciación incluyendo fondos extraordinarios para su desarrollo en la provincia de Segovia y en la comunidad.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación amplió los períodos de suscripción y de modificación del seguro agrario. Esta medida tiene como objetivo evitar que ningún agricultor tenga dificultad para realizar la suscripción del seguro agrario. Estas ampliaciones de plazo afectan en la provincia a las producciones de uva para vinificación, cultivos forrajeros, cultivos industriales textiles y no textiles.
Sector del cochinillo
La alcaldesa de Cabezuela pide a la Junta que ponga en marcha alguna ayuda para los productores de cochinillo que en la provincia de Segovia tiene un impacto importante ante el cierre temporal de la hostelería por los efectos del Covid-19 y que puede tener un impacto a unos sesenta ganaderos en la provincia y más de cien en la comunidad autónoma.
Reducción de módulos
Agudíez señala que la Orden del Ministerio de Hacienda publicada el pasado 9 de abril, por la que se reducen, para agricultores y ganaderos, los Índices de Rendimiento Neto o de módulos aplicables en 2019 en el sistema de estimación objetiva del IRPF tiene en cuenta los efectos sobre la agricultura y la ganadería del déficit de precipitaciones de la primavera de 2019, de la DANA de septiembre de ese mismo año, así como otras adversidades. Para la declaración de la renta de 2019 también se aplica el coeficiente corrector por uso de electricidad para el riego, con una reducción de un 20 % del rendimiento neto
Los agricultores y ganaderos segovianos afectados por la sequía de 2019, así como por los daños causados en septiembre por el temporal de DANA (depresión aislada en niveles altos), se beneficiarán de esta medida. La reducción de módulos, además de ser un apoyo a los agricultores y ganaderos afectados por situaciones de adversidad climática, también contribuye a paliar la difícil situación de mercado de algunas de esas producciones.