• El grupo municipal socialista ha registrado esta misma mañana la petición para que el alcalde José Mazarías (PP) informe de manera inmediata sobre la investigación judicial, la documentación remitida al juzgado y las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento en el caso de Rosalía Serrano.
  • Los socialistas recuerdan que la Fiscalía ha apreciado indicios de posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y desobediencia relacionados con la ex primera teniente de alcalde y portavoz del PP.
  • El PSOE considera que el alcalde debe comparecer personalmente y explicar por qué defendió públicamente a Rosalía Serrano durante meses, negó reiteradamente el caso y nunca la cesó pese a las posibles irregularidades conocidas.

Segovia 11 de mayo de 2026. El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Segovia ha registrado esta mañana una solicitud dirigida al alcalde de Segovia, José Mazarías (PP), para que convoque de manera urgente una Junta de Portavoces en la que informe a los grupos municipales sobre la situación generada en torno al caso Rosalía Serrano y la investigación judicial actualmente abierta.

Los socialistas consideran que la gravedad institucional y política de este asunto exige explicaciones inmediatas por parte del alcalde, especialmente después de que la Fiscalía haya apreciado indicios de la posible comisión de tres delitos: tráfico de influencias, prevaricación administrativa y desobediencia.

Además, el juzgado ya ha solicitado información y documentación al Ayuntamiento de Segovia dentro de las diligencias abiertas, una situación que, a juicio del grupo socialista, hace todavía más necesario que el alcalde comparezca y explique qué actuaciones se han desarrollado desde el Ayuntamiento y cuál es la situación actual del procedimiento.

El PSOE también solicita que el secretario general del Ayuntamiento participe en esta Junta de Portavoces para informar sobre las posibles consecuencias jurídicas y administrativas derivadas de este caso, incluyendo la posible devolución de cantidades percibidas indebidamente o las medidas internas que el Ayuntamiento deberá adoptar para evitar que una situación similar vuelva a producirse.

Desde el grupo socialista recuerdan además que el Gobierno municipal se comprometió a convocar periódicamente Juntas de Portavoces, pero consideran que la gravedad institucional del momento obliga ahora a convocar una reunión urgente e inmediata. “Precisamente ahora, cuando existe una investigación judicial abierta y el juzgado está solicitando información al Ayuntamiento, es cuando más necesario resulta que el alcalde dé la cara y explique qué está ocurriendo”, señalan.

 

El alcalde está obligado a dar explicaciones

El PSOE recuerda que José Mazarías defendió públicamente a Rosalía Serrano durante meses, negó reiteradamente la existencia del caso y desacreditó las denuncias y preguntas formuladas por el Grupo Socialista.

“José Mazarías sostuvo públicamente que no había caso Rosalía Serrano. Hoy la realidad judicial desmonta completamente ese relato y obliga al alcalde a dar explicaciones”, añaden los socialistas.

Desde el Grupo Socialista insisten además en que Rosalía Serrano no fue cesada en ningún momento por el alcalde, sino que terminó presentando su dimisión tras meses de polémica pública, denuncias políticas y creciente presión social y mediática.

“Rosalía Serrano dimitió, pero José Mazarías nunca actuó políticamente. La defendió, la amparó y la mantuvo en el Gobierno municipal hasta el final”, subrayan.

Los socialistas recuerdan además que Rosalía Serrano percibió desde enero de 2024 hasta octubre de 2025 una retribución anual cercana a los 54.000 euros como concejala con dedicación exclusiva al 100%, mientras mantenía actividad vinculada a sociedades mercantiles que no habían sido declaradas correctamente ni contaban con autorización de compatibilidad aprobada por el Pleno municipal.

En este sentido, el PSOE considera especialmente grave que una persona liberada al 100% por el Ayuntamiento mantuviera simultáneamente actividad empresarial privada sin la correspondiente autorización plenaria.

“Cualquier vecino entiende perfectamente que no se puede cobrar un sueldo público con dedicación exclusiva y al mismo tiempo mantener actividades privadas no autorizadas. Precisamente por eso el alcalde tiene que explicar qué sabía y por qué permitió esta situación durante tanto tiempo”, afirman.

 

Muchas dudas sobre el procedimiento de restauración de la legalidad

A esta situación se suma además la cuestión urbanística relacionada con las obras de 18 trasteros ejecutadas sin licencia en el centro de Segovia y vinculadas a una de las sociedades relacionadas con Rosalía Serrano.

El grupo socialista quiere que el alcalde explique cuál fue exactamente la actuación municipal ante esas obras ilegales, por qué durante tanto tiempo no se impulsó un procedimiento contundente de restauración de la legalidad urbanística y por qué nunca llegó a imponerse una sanción.

Asimismo, los socialistas consideran especialmente llamativo que el procedimiento municipal de restauración de la legalidad urbanística se dirigiera contra la empresa constructora que actuaba como representante y no directamente contra las empresas propietarias vinculadas a Rosalía Serrano.

“Queremos saber quién tomó esas decisiones y si existieron decisiones políticas internas que nunca se han explicado públicamente”, añaden.

Los socialistas insisten además en que el origen de este procedimiento judicial no se encuentra en una querella política presentada por el PSOE, sino en la actuación de la propia Fiscalía tras analizar la documentación aportada.

De hecho, recuerdan que el grupo socialista  puso inicialmente en conocimiento de la Fiscalía posibles irregularidades relacionadas con este caso y que finalmente el Ministerio Fiscal ha apreciado indicios todavía más graves, incorporando posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y desobediencia.

“El tiempo ha demostrado que el PSOE estaba haciendo su trabajo de fiscalización y control. Lo que algunos intentaron presentar como una polémica artificial ha terminado derivando en una investigación judicial abierta”, concluyen los socialistas.