• El viceportavoz de las Cortes de Castilla y León, José Luis Vázquez, critica las deficiencias por parte de la Junta, a través del Somacyl, en la tramitación, contratación y ejecución de las obras en distintas infraestructuras de depuración de agua en Segovia, que ponen riesgo la seguridad de los trabajadores y la salud ambiental. 
  • Ante el reiterado incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, que, en su artículo 233, obliga a contar con un estudio geotécnico sobre los terrenos en los que se van a ejecutar dichas obras, el PSOE presenta una iniciativa para que se emitan por funcionario público los certificados respecto al cumplimiento de la legislación vigente correspondientes a la EDAR de Navalmanzano, la de Escalona del Prado, la de Escobar de Polendos, la de La Matilla, la de Maderuelo, la de Chañe, la de Zarzuela del Pinar y la de Espirdo-La Higuera.

Segovia, 27 de septiembre de 2023: El viceportavoz de las Cortes de Castilla y León, José Luis Vázquez, denuncia desde las Cortes las graves irregularidades por parte de la Junta, a través del Somacyl, en la tramitación, contratación y ejecución de las obras en distintas infraestructuras de depuración de agua en la provincia de Segovia.

Por eso, ante “el reiterado incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público”, que, en su artículo 233, obliga a contar con un estudio geotécnico sobre los terrenos en los que se van a ejecutar dichas obras, el PSOE presenta una iniciativa para que se emitan por funcionario público los certificados respecto al cumplimiento de la legislación vigente correspondientes a la EDAR de Navalmanzano, la de Escalona del Prado, la de Escobar de Polendos, la de La Matilla, la de Maderuelo, la de Chañe, la de Zarzuela del Pinar y la de Espirdo-La Higuera.

“Exigimos la emisión de un certificado por funcionario público sin otro ánimo que el de salvaguardar el cumplimiento de la ley, la seguridad de las personas que intervienen en la obra, la protección ambiental y no inflar más si cabe el coste definitivo de la obra”, ha explicado José Luis Vázquez durante su intervención.

Como paradigma de los despropósitos que, apunta Vázquez, “desde el PSOE venimos denunciando en todas las provincias” está el caso de la EDAR de Navalmanzano. “Resulta que este proyecto sí cuenta con un estudio geotécnico, que data del año 2007. Pero lo terrible es que dicho estudio no pertenece a la parcela en la que se va a construir la EDAR, con todo el riesgo que ello conlleva”.

“Por si fuera poco, en este proyecto se ejecuta también una estación de bombeo de aguas residuales EBAP y en la parcela que albergará dicha EBAP no se ha realizado ningún tipo de estudio geotécnico, desconociendo, de esta manera, la naturaleza del terreno, la capacidad portante y un sinfín más de aspectos a tener en cuenta”, ha denunciado el procurador socialista.

Esta situación pone en grave riesgo la seguridad de los trabajadores porque en algunos casos las infraestructuras pueden llegar a tener una profundidad de 6 metros de altura. “Imaginen por un momento el riesgo que comporta para las personas que intervengan en esas obras trabajar en esas condiciones desconociendo los datos sobre el terreno”, ha puntualizado.

Aparte de este inconveniente, esta “irresponsabilidad” genera una “grave inseguridad jurídica” y aumenta los costes porque las empresas adjudicatarias se ven en la obligación de implementar una mayor cantidad y volumen de obra ante la falta de estudios previos.

Argumentos todos ellos que tendrían que servir para “tomar conciencia de la importancia que tiene un ejercicio transparente en la gestión de la administración pública”, ha indicado Vázquez, quien ha señalado que “tampoco podemos olvidar que dichas infraestructuras se entregarán a los ayuntamientos, que han cofinanciado el 20% de las obras, y con los que no se ha contado en ninguna fase del proceso y a los que pueden afectar los costes de mantenimiento futuros”.

Vázquez ha concluido su intervención en las Cortes en los siguientes términos: “Los fondos europeos, con los que se están financiando estas obras, están en riesgo, porque las irregularidades en el procedimiento pueden acarrear graves consecuencias de justificación ante la Unión Europea y el Gobierno de España, con quien se ha convenido la ejecución de las mismas”.