• Los procuradores socialistas segovianos Sergio Iglesias, Paloma Ramírez y Carlos Fraile llevan a las Cortes el proyecto de planta de biometano y compost previsto en Valverde del Majano para conocer en qué punto se encuentra su tramitación y qué informes y autorizaciones quedan pendientes. El PSOE reclama a la Junta transparencia y garantías sobre sus posibles efectos ambientales, territoriales y sobre la población.
  • Los y las socialistas advierten de que la proliferación de este tipo de instalaciones hace necesario contar con una planificación autonómica clara, con criterios homogéneos sobre su ubicación, tamaño y capacidad, así como sobre las distancias a viviendas y núcleos urbanos, el consumo de agua, el tráfico, los olores y la gestión de los digestatos. También preguntan si la Junta está analizando los efectos acumulativos de los distintos proyectos previstos en la provincia.
  • El PSOE considera que el biogás y el biometano pueden ofrecer oportunidades para la economía circular y las energías renovables, pero defiende que su desarrollo debe hacerse de forma ordenada, sostenible y contando con los municipios afectados. Por ello, reclama a la Junta que aclare la situación del Plan Regional de Biogás 2024-2034 y si tiene previsto establecer una regulación específica antes de continuar autorizando nuevas instalaciones.

Segovia,  09 de septiembre de 2026: Los procuradores socialistas segovianos en las Cortes de Castilla y León, Sergio Iglesias, Paloma Ramírez y Carlos Fraile, han registrado una batería de preguntas parlamentarias para conocer el estado de tramitación del proyecto de planta de valorización y tratamiento de residuos agroganaderos para la producción de biometano y compost previsto en Valverde del Majano y reclamar a la Junta de Castilla y León una planificación autonómica que permita ordenar la implantación de este tipo de instalaciones.

Los representantes socialistas señalan que en los últimos meses se está produciendo un incremento de proyectos de plantas destinadas a la valorización de residuos orgánicos mediante digestión anaerobia para la producción de biogás y posterior obtención de biometano. Estas instalaciones pueden generar oportunidades vinculadas a la economía circular, la valorización de residuos y las energías renovables, pero su implantación debe realizarse con planificación, criterios homogéneos, transparencia y garantías ambientales, teniendo en cuenta las posibles afecciones sobre los recursos hídricos, el tráfico, las carreteras, los olores, el paisaje, la gestión de los digestatos y la calidad de vida de las poblaciones próximas.

Sergio Iglesias ha señalado que “no estamos en contra de la valorización de residuos ni de las energías renovables, pero sí queremos que la Junta haga su trabajo y garantice una implantación ordenada y compatible con el territorio”. En este sentido, ha reclamado al Gobierno autonómico que explique “qué criterios está utilizando para decidir dónde se pueden ubicar estas plantas, qué capacidad pueden tener y cómo se garantiza que exista realmente disponibilidad de residuos en su entorno sin convertir nuestros municipios en receptores de residuos procedentes de largas distancias”. “La transición energética y la economía circular deben hacerse con planificación y contando con los territorios afectados”, ha añadido

Por su parte, Paloma Ramírez ha puesto el foco en las posibles afecciones ambientales y territoriales. “Cuando se acumulan distintos proyectos en una misma provincia o en zonas próximas, la Junta no puede analizar cada instalación como si estuviera aislada del resto”, ha afirmado. Los y las socialistas preguntan expresamente si la Administración autonómica ha realizado o tiene previsto realizar un análisis de los efectos acumulativos o sinérgicos de las diferentes plantas de biogás y biometano proyectadas en Segovia. Ramírez ha defendido que “la protección del agua, del suelo, del aire, del paisaje y de la población debe estar por delante de cualquier decisión de autorización”.

“Queremos saber si la Junta ha preguntado al Ayuntamiento por su posición respecto al proyecto y qué mecanismos de coordinación y participación existen para los municipios que puedan verse afectados”, ha explicado Carlos Fraile. Asimismo, ha considerado necesario conocer “en qué situación se encuentra el Plan Regional de Biogás de Castilla y León 2024-2034 y si la Junta pretende aprobarlo antes de seguir autorizando nuevos proyectos”. “No tiene sentido que proliferen instalaciones sin disponer previamente de una planificación que establezca unas reglas claras para toda la Comunidad”, ha subrayado.

Las 16 preguntas registradas abordan, entre otras cuestiones, la fase actual del expediente 168-24-AASG, los órganos autonómicos implicados, los informes y autorizaciones pendientes, el cumplimiento de la normativa ambiental y urbanística, las posibles modificaciones o subsanaciones exigidas al promotor, la idoneidad de la ubicación y el análisis de los efectos acumulativos. También preguntan por las distancias a núcleos de población y viviendas, la gestión y aplicación agrícola de los digestatos, la disponibilidad real de residuos, la protección de los recursos hídricos y la posibilidad de establecer criterios específicos para evitar una concentración excesiva de estas instalaciones en determinados territorios.

Los procuradores socialistas consideran que la Junta debe ofrecer respuestas concretas y transparentes y asumir su responsabilidad en la ordenación territorial de estas nuevas instalaciones. “Segovia no puede convertirse en un territorio donde cada proyecto se tramite de manera independiente sin una visión de conjunto”, han concluido Iglesias, Ramírez y Fraile, defendiendo una planificación que permita aprovechar las oportunidades del biogás y el biometano sin trasladar sus posibles costes ambientales y territoriales a los municipios y a sus vecinos y vecinas.