Mediante esta moción, ambas formaciones buscan garantizar el derecho de acceso a una vivienda digna y asequible a todos los ciudadanos de la provincia a través de una herramienta que ofrece la nueva Ley de Vivienda para reducir los precios que los aderrendatarios pagan por sus casas.

Los grupos políticos de PSOE e Izquierda Unida llevan al pleno de la Diputación del mes de abril una moción conjunta para instar a la Junta de Castilla y León a que declare como zona tensionada a los municipios de la provincia de Segovia en los que los precios del alquiler de la vivienda están por encima de la capacidad económica que puedan soportar sus vecinos y vecinas.

Mediante esta moción, ambas formaciones buscan garantizar el derecho de acceso una vivienda digna y asequible a todos los ciudadanos de la provincia a través de una herramienta que ofrece la nueva Ley de Vivienda para reducir los precios que los aderrendatarios pagan por sus casas.

Es deber de los poderes públicos promover el derecho de todos los españoles al disfrute de una vivienda digna y adecuada. Por eso, el Gobierno de España aprobó la Ley 12/2023, de 24 de mayo, del derecho a la vivienda. Se trata de la primera ley de nuestra democracia que adopta medidas para garantizar y desarrollar el derecho a una vivienda digna, adecuada y asequible para todas las personas.

La aprobación de la nueva ley fue una demanda histórica de la sociedad civil y de las organizaciones sociales. Esta ley tiene potencial para repercutir en las personas en situación más vulnerable: aquellas con más dificultades para disfrutar del acceso a una vivienda digna, adecuada y accesible.

En este sentido, incluye avances en el impulso de la vivienda pública, la protección contra desahucios y mecanismos, dentro de las competencias de las Comunidades Autónomas, para limitar los alquileres adaptándolos al Índice de Precios de Referencia, que publica el Ministerio de Vivienda para ofrecer mayor transparencia y conocimiento del mercado y un mayor control en el incremento de los precios del alquiler en zonas tensionadas.

Según este índice, para que un municipio sea declarado zona de mercado residencial tensionado tiene que cumplir dos parámetros: que el coste medio del alquiler o la hipoteca, sumado a los suministros básicos de vivienda, superen el 30% de la renta media de los hogares y que el precio de compra o de alquiler haya tenido un crecimiento acumulado tres puntos porcentuales superior al crecimiento del IPC de la Comunidad Autónoma.

La Junta de Castilla y León, con las competencias exclusivas en materia de vivienda, es la que tiene, con plena autonomía, la facultad de aplicar esta herramienta que facilita el Gobierno de España para controlar que los precios no se incrementan por encima de las posibilidades económicas de sus ciudadanos.

Por tal motivo, tiene que estudiar la posibilidad de declarar como zona de mercado residencial tensionado a aquellos municipios que cumplan con estos parámetros. En este sentido, municipios como La Lastrilla, con una media de alquiler de vivienda unifamiliar que se sitúa en 670 €; Palazuelos (613 €); o La Losa (548 €), podrían ser serios candidatos al tener los precios de alquiler más altos.

Al mismo tiempo, PSOE e IU piden a la Junta mayor acción y una implicación real a la hora de poner en marcha canales de información sobre medidas fiscales, eficaces y eficientes, dirigidas a favorecer la función social de la vivienda deshabitada.

Asimismo, la Diputación de Segovia debe centrar todas las miradas y todos los esfuerzos en resolver los problemas que muchos municipios enfrentan en materia de vivienda para fijar población en el mundo rural y parar la sangría de jóvenes que se marchan de nuestra tierra ante la falta de oportunidades y la imposibilidad de acceder a una vivienda digna a un precio asumible.

Así, la Diputación tiene que iniciar las gestiones y trabajos necesarios con otras administraciones públicas para desarrollar en la provincia planes de vivienda protegida y planes de construcción de vivienda social pública, tanto en régimen de arrendamiento como en régimen de propiedad.