• La Senadora socialista por Segovia, Ana Agudíez, subraya que, con la convalidación, por mayoría absoluta, del Real Decreto-ley 30/2020, que prorroga los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), hasta el 31 de enero, los 1.261 segovianos que aún están acogidos a ellos, ven garantizada su protección y salvaguardado su empleo, en este complicado momento económico que atravesamos derivado de la pandemia. 
  • Agudíez recuerda que “el Gobierno de Pedro Sánchez impulsó desde el inicio mismo de la declaración del estado de alarma, la regulación de los ERTEs, siempre desde la base del consenso en el marco del diálogo social; unas medidas que posibilitaron 8.533 personas trabajadoras de nuestra provincia se encontraran en situación de ERTE a finales de abril. 
  • La Senadora socialista valora también muy positivamente la convalidación en el Congreso del Real Decreto-ley que regulará el trabajo a distancia y que supone un cambio de paradigma en las relaciones laborales en nuestro país, un auténtico proceso de modernización y nos coloca en la vanguardia de las legislaciones europeas». “El acuerdo entre empresa y trabajador para este trabajo a distancia, deberá incluir el inicio y la finalización de la jornada, los tramos de actividad y el tiempo de activación y desactivación de equipos; y la persona trabajadora tendrá derecho a la desconexión digital fuera de su horario de trabajo”.

Segovia, 19 de octubre de 2020.- La Senadora socialista por Segovia, Ana Agudíez, subraya que, con la convalidación, por mayoría absoluta, del Real Decreto-ley 30/2020, que prorroga los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), hasta el 31 de enero, los 1.261 segovianos que aún están acogidos a ellos, ven garantizada su protección y salvaguardado su empleo, en este complicado momento económico que atravesamos derivado de la pandemia de la Covid-19.

Agudíez recuerda que “el Gobierno de Pedro Sánchez impulsó desde el inicio mismo de la declaración del estado de alarma, la regulación de los ERTEs, siempre desde la base del consenso en el marco del diálogo social; unas medidas que posibilitaron 8.533 personas trabajadoras de nuestra provincia se encontraran en situación de ERTE a finales de abril. La progresiva reactivación económica ha ido permitiendo la reincorporación de trabajadoras y trabajadores a sus puestos, pero aún son algo más de 1.200 los segovianos afectos, a los que, con esta prórroga, se les garantiza la protección que necesitan”.

“Durante todos estos meses, los ERTE, han cumplido su objetivo, en fondo y en forma. Han frenado la caída del empleo, han salvado de la extinción a gran parte de nuestras pequeñas, medianas y grandes empresas, a nuestros autónomos, y han protegido a las personas más vulnerables», enfatiza la Senadora socialista.

Con el Real Decreto-ley 30/2020 se mantiene el «contador a cero» para aquellas personas que sean afectadas por un despido objetivo, individual o colectivo, u otro basado en cualquier causa, que sea declarado improcedente, durante el año 2021, o si se extingue su contrato temporal dentro de este año. Por primera vez, además, las personas afectadas por un ERTE tendrán atención preferente para recibir cursos de formación y se pondrán en marcha acciones específicas para este colectivo.

Asimismo, “el Real Decreto-ley reconocerá una prestación extraordinaria de desempleo a las personas trabajadoras con contrato fijo discontinuo o que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en determinadas fechas, que hayan resultado afectadas durante por un ERTE durante el periodo teórico de actividad”, explica Agudíez. “Además, se establecen mejoras en la protección por desempleo para las personas que trabajan a tiempo parcial y se incorpora una nueva batería de medidas de mejora en el Ingreso Mínimo Vital, en este caso, orientadas a que nuevos colectivos puedan beneficiarse de esta prestación”.

“Gracias a este modelo de protección basado en los ERTE que ahora se amplía, se han salvado empleos y empresas y se han salvaguardado derechos”, enfatiza.

 

Regulación del Trabajo a Distancia

La Senadora socialista valora también muy positivamente la convalidación en el Congreso del Real Decreto-ley que regulará el trabajo a distancia y que supone un cambio de paradigma en las relaciones laborales en nuestro país, un auténtico proceso de modernización y nos coloca en la vanguardia de las legislaciones europeas». “Con esta nueva regulación, se da respuesta a una realidad ya existente, tal y como evidencia, por ejemplo, que más de tres millones de trabajadores han estado teletrabajando durante la pandemia; una modalidad que aumenta la productividad y aumentará también la competitividad de la economía española».

Agudíez recuerda que con la nueva norma se entiende por trabajo a distancia aquel que realiza una persona desde su domicilio o donde elija, de forma voluntaria durante toda la jornada o una parte, con un mínimo 30% de la jornada en 3 meses. “El trabajo a distancia tendrá carácter voluntario y se basará en un acuerdo entre la empresa y el trabajador y que podrá ser reversible”, enfatiza la Senadora.

“Además, los gastos vinculados al desempeño del trabajo a distancia -equipos, herramientas, medios y consumibles- serán a cargo de la empresa. El lugar que se elija para trabajar a distancia no tendrá por qué ser necesariamente el domicilio del trabajador, y quedará garantizado el derecho a la desconexión. “El acuerdo entre empresa y trabajador deberá incluir el inicio y la finalización de la jornada, los tramos de actividad y el tiempo de activación y desactivación de equipos; y la persona trabajadora tendrá derecho a la desconexión digital fuera de su horario de trabajo”, subraya Agudíez.

La Senadora socialista insiste en que los derechos laborales serán los mismos en las modalidades presencial y a distancia, es decir, la formación, promoción, prevención de riesgos laborales y del acoso laboral o sexual, entre otros-; y que el mecanismo de representación colectiva se adaptará a la nueva realidad digital.

“Asimismo, la negociación colectiva tendrá un peso clave para garantizar el derecho a la desconexión, la vuelta al trabajo presencial, la identificación de funciones o las condiciones de acceso y desarrollo de la actividad”, garantizándose así la protección de las trabajadoras y los trabajadores.