• Los procuradores socialistas por Segovia, José Luis Vázquez, Alicia Palomo y Sergio Iglesias destacan que “gracias a la pérdida de la mayoría parlamentaria de PP y Ciudadanos tras la moción de censura, la ciudadanía de Castilla y León y los familiares de los afectados por la gestión de las residencias podrán conocer todo lo sucedido en los centros residenciales de mayores”. 
  • Vázquez recuerda que el Pacto por la Reconstrucción de Castilla y León, incluía la elaboración de un informe por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades sobre los efectos del Covid-19 en los centros residenciales, pero el documento elaborado no arrojó luz sobre esta gestión y propusimos una Comisión de Investigación que no salió adelante por la traición a la palabra dada por parte de Ciudadanos”, enfatiza. 
  • “De lo ocurrido en las Residencias de nuestra Comunidad, solo hay un culpable: la Junta de Castilla y León”, enfatiza Alicia Palomo. Segovia es la provincia con una tasa de mortalidad más elevada en estos centros, el 42,51 por ciento, muy por encima de la medida de la Comunidad que se sitúa en el 27,92 por ciento”. “Ahora, con esta Comisión de Investigación, estamos más cerca de conocer qué errores se cometieron; de saber por qué PP y Ciudadanos han intentado ocultar la verdad; y de sentar las bases de un nuevo modelo residencial que evite que vuelva a repetirse el drama vivido en estos centros durante los momentos más duros de la crisis sanitaria”.

Segovia, 3 de mayo de 2021.- Los procuradores socialistas por Segovia, José Luis Vázquez, Alicia Palomo y Sergio Iglesias destacan que “gracias a la pérdida de la mayoría parlamentaria de PP y Ciudadanos tras la moción de censura, la ciudadanía de Castilla y León y los familiares de los afectados por la gestión de las residencias podrán conocer todo lo sucedido en los centros residenciales de mayores”.

“La moción de censura presentada por el Partido Socialista de Castilla y León ha sido útil y la gente de esta tierra se beneficiará de ello una vez que PP y Ciudadanos han perdido la capacidad de bloqueo que han practicado estos dos años sin ningún tipo de rubor”, ha enfatizado Vázquez.

“Ahora, toda la oposición se ha unido en bloque para que una Comisión de Investigación obtenga respuestas a una necesidad social: saber qué ocurrió en las Residencias de mayores durante la pandemia, con el objetivo de nunca más vuelva a ocurrir”, subraya.

Vázquez ha destacado que esta Comisión, liderada por el PSOE y respaldada por todos los Grupos excepto PP y Ciudadanos, cuenta también con el apoyo de la Plataforma de Afectados por la Gestión de las Residencias, que señalaba ayer mismo que “es una necesidad para una sociedad democrática y que se preocupe por el cuidado de sus personas dependientes…La investigación, aclaración y subsanación de los posibles errores de gestión, la mejora de los aciertos y el conocer todo lo ocurrido por parte de la ciudadanía..”.

“Gracias a esta Comisión, cuya solicitud se registraba en las Cortes el pasado 29 de abril, conoceremos la verdad, tal y como nos comprometimos, sobre lo ocurrido en las Residencias de nuestra tierra, porque somos un partido siempre cumple con su palabra, y en esta ocasión con más motivo”, subraya el viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes, José Luis Vázquez. “Mientras Mañueco e Igea están a sus líos, el PSOE de Castilla y León demuestra ser un partido fuerte, unido, centrado y dedicado a las personas y a los intereses de la ciudadanía, con Luis Tudanca como líder social indiscutible”, remarca.

Para el procurador socialista es “una necesidad prioritaria investigar lo sucedido durante los peores meses de la crisis sanitaria” y ha recordado que, “en los inicios de la pandemia, por lealtad y responsabilidad, el PSOE de Castilla y León del lado de los que gestionan, con propuestas concretas, hasta el punto de presentar el Plan de choque entregado a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades el 1 de abril”. “Ojalá el Gobierno de España hubiera tenido una oposición constructiva y leal como la encabezada aquí por Luis Tudanca”, ha enfatizado.

“Impulsamos y firmamos un Pacto por la Reconstrucción de Castilla y León, en el que se incluía -en el punto 3- la elaboración de un informe por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades sobre los efectos del Covid-19 en los centros residenciales”, recuerda Vázquez. “El objetivo era conocer lo que había sucedido, para evitar que volviera a suceder, pero aquel documento que se presenta a la prensa por la Consejera del PP 3 meses después de la firma del pacto y 1 día antes del plazo marcado por la propia Junta, no aportó ninguna luz a lo sucedido”.

Aun así, -recuerda Vázquez- “esperamos a la comparecencia de la consejera en las Cortes de Castilla y León, con la esperanza de que aclarase las cuestiones principales (datos de las residencias privadas, inspecciones realizadas, visitas presenciales de los equipos COVID… etc.), pero no aportó ni un solo dato nuevo”.

“Desde el PSOE mostramos nuestro rechazo a esa comparecencia e hicimos nuestras las reclamaciones de la Plataforma de Afectos por la Gestión en las Residencias, con la que nos reunimos en varias ocasiones”, recuerda al procurador socialista, señalando además “el informe demoledor realizado por el Procurador del Común sobre lo ocurrido en los centros residenciales durante la crisis sanitaria y el informe elaborado por Amnistía Internacional”.

“Con el único afán de arrojar luz sobre un asunto oscuro y dramático a la vez, desde el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes otorgamos una semana de plazo para la publicación de esos datos, pero pasó el tiempo y la Junta, empeñada en su pertinaz obstrucción a que se conozca la verdad, registramos la petición de constitución de una Comisión de Investigación”, recuerda Vázquez; “una Comisión que no salió adelante por la traición a la palabra dada por parte de Ciudadanos”, enfatiza.

Por su parte, la procuradora socialista Alicia Palomo, señala que “desde el Partido Socialista nos preguntamos qué tienen que ocultar PP y Ciudadanos en relación a la gestión de las Residencias,ante su constante negativa a informar sobre los datos de los centros privados, especialmente las gestionadas por grandes grupos empresariales”.

Para la procuradora socialista, “más indignante aún si cabe es que intenten fundamentar esa opacidad en cuestiones como que los servicios jurídicos de la Junta apelan al efecto de estos datos en el buen nombre y la imagen de la empresa privada que gestiona el centro. Es decir, prima el interés particular de una empresa al interés general”. “Pero incluso llegan a mentir al decir que para facilitar los datos es necesario el consentimiento de la empresa propietaria. Esto no es así porque no se están solicitando datos personales. De hecho, el Comisionado de la Transparencia (Procurador del Común) ha emitido hasta cuatro resoluciones avalando el interés público de conocer el efecto de la pandemia en los centros residenciales de carácter privado”, recuerda. “Es evidente que Mañueco e Igea, PP y lo que queda de Ciudadanos, siguen, incomprensiblemente, protegiendo a los poderosos y danto la espalda a los más vulnerables”.

Palomo recuerda que “de los 1.214 centros de carácter residencial, solo 25 están gestionados por la Junta y de las 3.060 plazas residenciales en la provincia de Segovia, tan solo 1.298 son públicas o concertadas, no llegando al 42,5 por ciento del total”. “Esto evidencia la apuesta de la Junta durante más de treinta años por un modelo privado”.

“Es notorio que la falta de personal fue una de las claves del colapso de las residencias, fruto de un modelo residencial abandonado durante 30 años, con una mala gestión por parte de la Junta, con falta de previsión y ofreciendo precarias condiciones laborales a los profesionales, que han preferido ejercer en otras Comunidades”

“Pero la Junta, lejos de solucionar este problema, continúa permitiendo que muchos centros residenciales tengan graves problemas de solvencia económica, con empleadas (mayoritariamente mujeres) incluidas en procesos de ERTES o, en el peor de los casos, sin cobrar sus nóminas”, lamenta Palomo.

Unas 7.000 plazas en Castilla y León, según los medios de comunicación (1.000 según la Junta) no están ocupadas. Y eso, pese a que, según la Junta de Castilla y León, más del 90 por ciento de las personas que viven en centros residenciales y su personal ya están vacunadas. Para Palomo “es imprescindible e improrrogable gestionar correctamente nuevos ingresos de una forma segura, frente a la actitud de la Consejera que ha afirmado recientemente de manera frívola e irresponsable que la “mala imagen” de los centros residenciales está complicando la cobertura de esas plazas que se encuentran vacías”.

“Y esto no es del todo cierto, ya que, según los protocolos sanitarios, mientras Castilla y León se encuentre en NIVEL 4, solo se permitirán ingresos por prioridad social (grandes dependientes, situación de soledad o gran necesidad etc…). Pero es evidente que existe una mala imagen de las residencias de mayores, debido en gran medida a la falta de transparencia, al abandono por parte de la Gerencia de Servicios Sociales, y al modelo que ha estado instaurado durante las últimas décadas, donde se ha primado el negocio y no el servicio”, enfatiza Palomo.

“De lo ocurrido en las Residencias de nuestra Comunidad, solo hay un culpable: la Junta de Castilla y León”, enfatiza Palomo. “En nuestra Comunidad han fallecido un total de 14.560 personas en los centros residenciales, de las cuales 2.956 estaban diagnosticadas con COVID y 1.105 tenían síntomas compatibles. Somos la tercera Comunidad Autónoma con más fallecidos, solo por detrás de Madrid y Cataluña”.

“Pero en Segovia la situación evidencia una vez más la abandono al que la Junta ha sometido a nuestra provincia, y somos la provincia con una tasa de mortalidad más elevada en estos centros, el 42,51 por ciento, muy por encima de la medida de la Comunidad que se sitúa en el 27,92 por ciento”, subraya Palomo.

“Ahora, con esta Comisión de Investigación, estamos más cerca de conocer qué errores se cometieron en la gestión de la pandemia en los centros residenciales; de saber por qué PP y Ciudadanos han intentado ocultar la verdad; y de sentar las bases de un nuevo modelo residencial que evite que vuelva a repetirse el drama vivido en estos centros durante los momentos más duros de la crisis sanitaria”, concluye Palomo.