• El secretario general del PSOE de Segovia y diputado, José Luis Aceves, recuerda que, el objetivo de la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público es “situar la tasa de temporalidad estructural por debajo del 8 por ciento en el conjunto de las Administraciones Públicas” y “evidencia el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez para poner coto a una temporalidad que superaba el 30 por ciento en la Administración Autonómica y la Local, y que no es sostenible y ni adecuada, ni para los trabajadores ni para el funcionamiento de los servicios públicos”. 
  • El diputado socialista, ponente de la ley en el Congreso, recuerda que las distintas administraciones tendrán que convocar procesos de oposición para aquellas plazas que hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020. “Asimismo, se prevé la posibilidad de convocar, por el sistema de concurso, aquellas plazas que hayan estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016”. El plazo límite para la aprobación y publicación de las ofertas de empleo público correspondientes a estos procesos de estabilización es el próximo 1 de junio.
  • Aceves destaca “el esfuerzo que están llevando a cabo las alcaldesas y alcaldes de nuestra provincia para gestionar antes del 1 de junio estos procesos, siempre en contacto y colaboración con los representantes sindicales. De esta forma, todos los procesos en todas las administraciones, incluidos los pequeños Ayuntamientos, contarán con el aval que supone ser fruto del diálogo social, incluso a tan pequeña escala”, subraya.

Segovia, 23 de mayo de 2022.- El secretario general del PSOE de Segovia y diputado, José Luis Aceves, recuerda que, el objetivo de la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público es “situar la tasa de temporalidad estructural por debajo del 8 por ciento en el conjunto de las Administraciones Públicas” y “evidencia el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez para poner coto a una temporalidad que superaba el 30 por ciento en la Administración Autonómica y la Local, y que no es sostenible y ni adecuada, ni para los trabajadores ni para el funcionamiento de los servicios públicos”.

“Más de 310.000 trabajadores temporales en el seno de Comunidades Autónomas, Entidades Locales y Administración General del Estado, podrán beneficiarse de este proceso de estabilización para hacer frente a un problema que se vio acrecentado durante los años de austericidio del gobierno del PP de Rajoy con tasas de reposición cero que incrementaron el problema, siempre con el objetivo de la privatización y la merma de lo público”, remarca.

El diputado socialista, ponente de la Ley en el Congreso, recuerda que las distintas administraciones tendrán que convocar procesos de concurso-oposición para aquellas plazas que hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020. “Asimismo, se prevé la posibilidad de convocar, por el sistema de concurso, aquellas plazas que hayan estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016”.

“El plazo límite para la aprobación y publicación de las ofertas de empleo público correspondientes a estos procesos de estabilización es el próximo 1 de junio y las convocatorias de los procesos selectivos deberán realizarse antes del 31 de diciembre de este año para estar resueltas en todo caso antes del 31 de diciembre de 2024”, subraya Aceves.

“Desde la base del diálogo y el consenso, el Gobierno de Pedro Sánchez ha apostado, desde la responsabilidad, y en colaboración con las distintas administraciones, por una forma de consolidación del empleo público que aporte seguridad jurídica a los trabajadores y que permite avanzar en justicia social”, enfatiza el diputado socialista.

Aceves remarca “el valor de un proceso de estas características que, si bien entraña cierta complejidad sobre todo para los Ayuntamientos y en especial para los de menor tamaño, que pueden contar con la colaboración de la Diputación Provincial, supondrá un reconocimiento para el trabajo de miles de empleados de esos consistorios que día a día trabajan en contacto directo con los ciudadanos, ofreciendo un servicio público de proximidad y cercanía”.

El secretario general de los socialistas segovianos remarca que “el consenso y el diálogo no solo ha marcado el proceso de elaboración y convalidación de la nueva norma, sino que continúa presente ahora en el seno de cada administración pues la publicación de las ofertas de empleo han de ser pactadas y negociadas con los representantes de los trabajadores”.

En este sentido, Aceves destaca “el esfuerzo que están llevando a cabo las alcaldesas y alcaldes de nuestra provincia para gestionar antes del 1 de junio estos procesos, siempre en contacto y colaboración con los representantes sindicales. De esta forma, todos los procesos en todas las administraciones, incluidos los pequeños Ayuntamientos, contarán con el aval que supone ser fruto del diálogo social, incluso a tan pequeña escala”, subraya.

“Y para que incluso en el municipio más pequeño se cumpla lo contemplado en la ley, ésta contempla que los Ayuntamientos puedan encomendar la gestión de sus procesos selectivos a la Diputación Provincial”. “Ello evidencia que se ha sido consciente de las dificultades que pueden entrañar procesos de este tipo para los pequeños consistorios, pero no se ha querido dejar a ni un solo empleado público fuera de estos procesos de estabilización y, por tanto, de mejora de sus condiciones y derechos laborales”.

Finalmente, Aceves, subraya que “esta Ley demuestra que hay otra forma de gestionar completamente opuesta a cómo lo hizo el PP, cuyos gobiernos de 2011 a 2018 acrecentaron el problema de la temporalidad y con ello ahondaron en el debilitamiento de los servicios públicos.

“Algo que a partir de ahora cambiará radicalmente porque la reforma contemplada en esta Ley actúa en tres vertientes: adopción de medidas inmediatas para remediar la elevada temporalidad existente; articulación de medidas eficaces para prevenir y sancionar el abuso y el fraude en la temporalidad a futuro; y potenciación de la adopción de herramientas y una cultura de la planificación para una mejor gestión de los recursos humanos”, concluye Aceves.