Comienzo a escribir este artículo precisamente el Día Internacional de la Enfermería. Este año el COVID-19 nos ha vuelto a demostrar que la labor de este colectivo (junto al resto del personal sanitario y las demás profesiones que trabaja en hospitales) es de vital importancia para el conjunto de la población. Lo digo con conocimiento de causa: se han dejado el cuerpo y el alma con cada paciente que ingresaba en un centro sanitario.
Por eso, no es de extrañar que los ciudadanos hayan estado saliendo cada tarde a aplaudirles. Porque no debemos olvidarnos de que ese reconocimiento espontáneo que surgió a medida que el virus iba llenando camas en hospitales fue siempre para esos colectivos que no podían quedarse en casa y seguían trabajando en un escenario que se complicaba cada día. Los aplausos nunca fueron un reconocimiento a la gestión política del Gobierno, por eso no se explica que ahora quieran apoderarse de ellos aquellos partidos que solo tratan de buscar beneficios electorales en unas circunstancias tan adversas.
El papel que están jugando la oposición de ultraderecha le pasará factura. En un momento en que las circunstancias piden luchar contra un virus atroz (que ya se ha llevado por delante la vida de más de 26.000 personas en nuestro país), PP y VOX centran su batalla en hacer caer a un Gobierno empeñado en derrotar a ese virus y en procurar que las consecuencias de la crisis económica no dejen por el camino a ningún español.
Este Gobierno, consciente de la importancia que han adquirido la unidad y la lealtad, ha demostrado su intención de hacer a todos partícipes del futuro de nuestro país, materializado ya en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica creada en el Congreso de los Diputados, presidida por el socialista Patxi López. Ojalá todos los que se sientan este órgano lo hagan con la voluntad de construir y no de destruir. Es mucho lo que nos jugamos.
Esa actitud de mano tendida la hemos visto reflejada también en otro acuerdo importante, el alcanzado con la patronal y los sindicatos, acordando la prórroga de los ERTE por fuerza mayor hasta el 30 de junio y estableciendo condiciones para las empresas que reanuden su actividad en esta etapa, comprometiendo el mantenimiento del empleo durante seis meses.
Castigados por la Junta de Castilla y León
A pesar del esfuerzo, durante estos meses los insultos al Gobierno y a alguno de los expertos que trabajan en la lucha contra el virus han rozado la indecencia. Esta misma semana leía un representante del Partido Popular de Segovia acusar de “ineptitud absoluta” la gestión del Gobierno. Curioso que miren hacia el sur y no lo hagan hacia el norte. No olvidemos el trato que ha dado el Gobierno autonómico a nuestra provincia: nuestro sistema sanitario ha estado a punto de colapsar porque desde hace tiempo que nuestra provincia dispone de muchos menos recursos sanitarios de los que le correspondería. Y para colmo, Ministerio de Defensa prepara a marchas forzadas un hospital de campaña para desmontarlo días después sin que haya sido utilizado.
Pero no queda ahí la cosa. La falta de recursos asistenciales, competencia de Junta de Castilla y León, complican el paso de Segovia a fase 1. Lo denunciaba el otro día nuestra procuradora Alicia Palomo: para poder avanzar en la desescalada, precisamos llegar a 30 camas en la UCI y actualmente el Hospital de Segovia sólo cuenta con 10; y necesitamos 576 camas de hospitalización y hoy Segovia cuenta con 413, si sumamos las plazas públicas y las privadas.
Así las cosas, parece oportuno hacer una llamada a la contención y la prudencia de los populares segovianos. Si pusieran la misma energía en reclamar al presidente de la Junta de Castilla y León lo que Segovia necesita en materia sanitaria (no olvidemos sus planes de cierre de consultorios de Atención Primaria, cuyo papel va a ser crucial a partir del ahora para controlar el COVID-19) que ponen en criticar al Gobierno de España, otro gallo nos cantaría.
José Antonio Mateo
Secretario provincial de Organización del PSOE