• “Los servicios sociales garantizan unos servicios esenciales a las personas, pero hay que determinar bien cuáles son esas necesidades esenciales y cómo la Administración y el Gobierno deben dar respuesta a ellas. Las comunidades autónomas van a seguir teniendo todas sus competencias, así como los ayuntamientos, pero la idea es articular el sistema, fijar un marco mínimo y garantizar los derechos a toda la ciudadanía, sobre todo a los más vulnerables, en igualdad”, ha asegurado la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Ana Lima. 
  • Gracias al Gobierno socialista, unas 180.000 personas, la mayoría de ellas (90 por ciento) mujeres, van a poder volver a cotizar a la Seguridad Social, de modo que les sea reconocido el trabajo que están haciendo cuidando a familiares en situación de dependencia en su casa. “Era de justicia social que se reconociera el trabajo que están haciendo”, pero además, al volver a cotizar, se les garantizan otros derechos como las prestaciones por desempleo o jubilación. 
  • Los servicios sociales no solo hacen una labor muy importante en cuanto a los derechos de la ciudadanía, ofreciendo vacaciones o programas de termalismo social a los mayores, por ejemplo, sino que “además están generando empleo y riqueza; 65.000 mayores de Castilla y León están siendo beneficiarios de estas vacaciones, con lo cual reactivamos las relaciones sociales, el empleo, la riqueza… a través de programas destinados a personas mayores”, ha apuntado Lima.

La secretaria de Estado de Servicios Sociales, Ana Lima, ha compartido la mañana con los segovianos en dos encuentros públicos: el primero en El Espinar, en el que estaban también el candidato al Congreso, José Luis Aceves, y la alcaldesa del municipio, Alicia Palomo; y el segundo en el centro cultural de San José, en la capital, en que se encontraban también Aceves, la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, y el concejal de Servicios Sociales, Andrés Torquemada.

Ana Lima ha expuesto ante los asistentes las propuestas fundamentales del Partido Socialista en cuestión de Servicios Sociales. “La propuesta más importante es vertebrar el Sistema Público de Servicios Sociales en torno a una Ley estatal para toda España que intentará superar las desigualdades que hay entre unas comunidades autónomas y otras y a veces entre una provincia y otra o entre un ayuntamiento y otro”, ha dicho.

“Entendemos que los servicios sociales garantizan unos servicios esenciales a las personas, pero hay que determinar bien cuáles son esas necesidades esenciales y cómo la Administración y el Gobierno deben dar respuesta a ellas. Las comunidades autónomas van a seguir teniendo todas sus competencias así como los ayuntamientos, pero la idea es articular el sistema, fijar un marco mínimo y garantizar los derechos a toda la ciudadanía, sobre todo a los más vulnerables, en igualdad, porque no puede ser que los servicios sociales se garanticen en función del código postal, de dónde vives”, ha añadido.

La secretaria de Estado de Servicios Sociales ha puesto la Ley de Dependencia como ejemplo de que se puede articular un marco común para todo el país que luego las comunidades autónomas y los ayuntamientos van completando. En este sentido, ha recordado que “nuestro programa de Presupuestos Generales del Estado planteaba un incremento de 813 millones en parte para el nivel mínimo de la dependencia, que suponía eliminar la lista de espera, en la que hay actualmente 250.000 personas; también había una parte del presupuesto para reforzar los centros y las prestaciones para el sistema; y había otra parte que buscaba volver a instaurar los convenios de Seguridad Social para las personas cuidadoras no profesionales”.

Hasta el momento, ha explicado Lima, este último punto es el que se ha podido desarrollar, a pesar de no estar el Presupuesto aprobado, “y unas 180.000 personas, la mayoría de ellas (90 por ciento) mujeres, van a poder volver a cotizar a la Seguridad Social, de modo que les sea reconocido el trabajo que están haciendo cuidando a familiares en situación de dependencia en su casa. Era de justicia social que se reconociera el trabajo que están haciendo”, pero además, al volver a cotizar, se les garantizan otros derechos como las prestaciones por desempleo o jubilación.

Lima ha enumerado otros retos que plantea la dependencia y en los que el PSOE está trabajando, como eliminar de manera definitiva la lista de espera de aquellos que están pendientes de que se determine su grado de dependencia; implementar la teleasistencia avanzada; y desarrollar la figura del asistente personal.

Asimismo, ha reiterado ante los asistentes el compromiso firme del Partido Socialista con las pensiones, para que el incremento anual esté vinculado al IPC y para revitalizar el Pacto de Toledo. Lima ha recordado que ha sido el Gobierno socialista el que, este año, ha subido las pensiones un 1,6 por ciento, llegando hasta un incremento del 3 por ciento en el caso de las mínimas.

También se ha referido a otras iniciativas como los programas del Imserso: termalismo social, vacaciones para mayores… que en Castilla y León generan 5.000 puestos de trabajo. “Estamos hablando de que los servicios sociales no solo hacen una labor muy importante en cuanto a los derechos de la ciudadanía, sino que además están generando empleo y riqueza; además 65.000 mayores de Castilla y León están siendo ellos beneficiarios de estas vacaciones, con lo cual reactivamos las relaciones sociales, el empleo, la riqueza… a través de programas destinados a personas mayores”, ha apuntado.

Por último, Lima ha hablado de un programa novedoso que se está poniendo en marcha para luchar contra la soledad, que afecta sobre todo a personas mayores que pueden vivir aislamiento y soledad no deseada, y que trata de crear ciudades amigables con las personas mayores; y del plan de alzhéimer, que es un plan que tiene acciones dentro de los ámbitos sanitario y social, para intentar estructurar en toda España una estrategia específica para esta enfermedad que está creciendo cada vez más.

Con todos estos programas y medidas, el PSOE deja claro su compromiso con los mayores, para quienes es fundamental tener una cartera de servicios sociales públicos a los que poder acceder con garantías vivan donde vivan, tanto en las ciudades como en el medio rural, para que puedan tener un envejecimiento activo y con calidad allí donde siempre han residido, en su entorno, en su hogar.