• El PSOE alerta que el Gobierno municipal del PP de José Mazarías apuesta por ceder parcelas al organismo público SOMACYL con unas condiciones muy laxas, abriendo la posibilidad de que a medio plazo estas viviendas construidas en terrenos municipales pasen al mercado libre y sean objeto de lucro y especulación. Frente a las erráticas políticas del PP, el modelo socialista defiende la promoción de suelo público para la construcción de viviendas en régimen de alquiler a precios asequibles y para siempre. 
  • La portavoz municipal del PSOE, Clara Martín, anuncia la presentación al pleno de una enmienda a la propuesta de cesión de la parcela de la Ctra. De Riaza a SOMACYL para garantizar que en el convenio que firmarán el Ayuntamiento y el organismo público se garantice que las 16 viviendas proyectadas en el barrio de San Lorenzo – detrás de Mercadona, en la Ctra. Riaza- mantengan su uso como vivienda pública protegida y no puedan salir a los 15 años al mercado libre. 
  • El procurador socialista José Luis Vázquez ha denunciado la falta de compromiso de la Junta de Castilla y León con la vivienda, criticando que el 30% de los solicitantes de ayudas al alquiler queda excluido por una regulación obsoleta y mal gestionada que ignora la realidad de provincias como Segovia, donde el precio medio del alquiler es el más alto de la comunidad. Ha acusado al PP de incumplir desde hace 15 años la Ley de Vivienda y de gobernar en beneficio de promotoras y fondos de inversión, en lugar de las familias.

Segovia, 31 de julio de 2025: El PSOE ha reclamado hoy a la Junta de Castilla y León y al Ayuntamiento de Segovia que todas las viviendas anunciadas en la ciudad de Segovia, de próxima construcción, promovidas por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL) mantengan siempre el carácter de vivienda protegida. Solo así podrán mantenerse precios asequibles y se evitará que estas promociones terminen integrándose en el mercado especulativo. Así lo han explicado hoy la portavoz municipal del PSOE, Clara Martín, y el procurador del PSOE en las Cortes regionales, José Luis Vázquez, en una rueda de prensa centrada en temas de vivienda.

El Gobierno del PP de José Mazarías propondrá en el pleno del próximo viernes que se ceda a la empresa pública SOMACYL una parcela municipal para la construcción de vivienda protegida en el barrio de San Lorenzo, destinada a entre 14 y 16 viviendas. La propuesta del PP es que sea una cesión para la construcción de vivienda en régimen de venta y no de alquiler, a los precios fijados para la vivienda protegida en Castilla y León.

En la propuesta de convenio entre el Ayuntamiento y SOMACYL, el PP indica que el Ayuntamiento se compromete a la cesión gratuita y libre de cargas de la parcela, a hacer una exención del 50 % del Impuesto de Construcciones y Obras (ICIO) a la empresa pública que ejercerá como constructora, y a la selección de los futuros adjudicatarios de la vivienda, elaborando para ello unas bases de selección. Por su parte, SOMACYL se encargará de la redacción del proyecto, la contratación y ejecución de las obras, además de las gestiones de compraventa de los inmuebles. Esas son las condiciones que vienen fijadas en el convenio. El plazo para ponerlo en marcha es de un máximo de 4 años hasta la entrega de las viviendas. No tienen ninguna prisa.

En el acuerdo que se someterá al pleno se fijan unos requisitos para los posibles adjudicatarios: que estén inscritos en el registro público de demandantes de vivienda, que tengan unos ingresos familiares de entre 1 y 5 veces el IPREM, que no tengan otra vivienda, y que, en el caso de los menores de 36 años, se les aplicará una reducción del 20 % en el precio de estas viviendas.

 

Con la propuesta del PP, a los 15 años pasarían al mercado libre

Esas son todas las condiciones que vienen en el convenio, que son, a juicio del PSOE, totalmente insuficientes, porque en ningún caso se determina en ninguna de las cláusulas que estas viviendas deban mantener el carácter de vivienda protegida de por vida.

Según la Ley de Vivienda de Castilla y León, a los 15 años como máximo estas viviendas protegidas podrían pasar a formar parte del mercado libre, pudiendo ser vendidas por sus propietarios a precio de mercado, no por el precio por el cual las obtuvieron previamente. Con lo cual, un precio medio de un piso, que puede estar en torno a 160.000 o 170.000 euros, podría experimentar incrementos de valor bastante significativos. Los segovianos conocemos el elevado precio de las viviendas a la venta en la ciudad. De esta manera, podría llegar a darse el caso de que se pudiera obtener un lucro a costa del patrimonio público.

Y, además, esto tiene como consecuencia que no haya oferta de vivienda a precios asequibles en la ciudad, aumentando todavía más la burbuja inmobiliaria que ya sufrimos. Porque la propia legislación, tanto de vivienda como de urbanismo, establece que el suelo público tiene precisamente ese fin: contrarrestar los efectos especulativos del mercado libre.

¿Qué pasa si en 15 años ese patrimonio público pierde su condición? La respuesta es sencilla: Volveríamos al punto de partida, con la pérdida de recursos públicos muy importantes.

El PSOE siempre ha manifestado su compromiso con la vivienda pública como una prioridad política y social, especialmente en un momento de grave dificultad para el acceso a la vivienda en Segovia, pero no puede respaldar un modelo de cesión que no blinde el carácter protegido de las viviendas a largo plazo.

 

Los 98 viviendas colaborativas: el modelo que defiende el PSOE

El modelo del PSOE, avalado por el Gobierno de España —pero también por SOMACYL y el propio Gobierno de Mazarías— son las 98 viviendas que se están construyendo junto al edificio del INSS. Se trata de una promoción en una parcela municipal de viviendas en régimen de alquiler asequible para menores de 35 años y que mantendrán siempre ese carácter público. A los 50 años SOMACYL revertirá la cesión al Ayuntamiento y esas viviendas pasarán a ser municipales en su totalidad, manteniendo ese carácter de vivienda pública con precios asequibles.

¿Por qué se pueden promover esas 98 viviendas con este modelo? Porque hay una premisa básica del Plan Estatal de Vivienda del Gobierno de España que establece que los fondos europeos y las inversiones públicas deben tener como prioridad absoluta revertir la situación actual de la crisis de vivienda en nuestro país. Por eso, el anterior gobierno municipal del PSOE en la ciudad inició los trámites para su ejecución. Es el modelo del PSOE: suelo público y viviendas en alquiler a precios asequibles para siempre.

El precedente que se crea con el convenio propuesto por el Gobierno de Mazarías y la cesión a SOMACYL puede ser muy peligroso. El PSOE teme que se replique exactamente en los mismos términos para las viviendas protegidas previstas en Las Lastras (260 viviendas, de las que 200 serían protegidas y 60 libres) y en el solar del antiguo cuartel de bomberos (48 viviendas).

 

De más de 400 viviendas anunciadas, solo el 47% quedan protegidas

Como decimos, los socialistas han alertado del peligroso precedente que se puede generar si el convenio con SOMACYL se aprueba en los términos actuales, sin garantías jurídicas que impidan la descalificación futura de las viviendas.

Recordemos que el PP ha anunciado la construcción de 417 viviendas en la ciudad. Lo ha hecho a bombo y platillo, como con aquella rimbombante presentación del programa ¡Oh, Cielo! de Las Lastras, en el edificio CIDE, con presencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Pero la realidad es otra bien distinta, con detalles que los populares no han querido mencionar.

En el caso de Las Lastras, la densidad en la edificación pasa de 30/40 viviendas por hectárea a 25/30 viviendas por hectárea (reducción de 5 viviendas/hectárea en relación a lo que determina el PGOU). El 65% de las 260 viviendas proyectadas en Las Lastras serán públicas (entre 70 y 90 m2). Las alturas máximas serán entre 2 y 4 plantas. Se proyectan además 18 viviendas unifamiliares (de 160 metros cuadrados cada uno), no siendo obligatorio que sean protegidas, en sintonía con el deseo, no oculto, de los “chalecitos” del concejal de Urbanismo, Alejandro González Salamanca.

En suma, en Las Lastras habría vivienda protegida (hasta 200 en bloque), vivienda libre (42) y unifamiliares libres (18). Según la ley estatal, el 50% tienen que estar destinadas al alquiler. La legislación en vigor establece que las 60 libres podrían pasar a ser protegidas, aunque no está así contemplado en el documento del Plan Regional para el desarrollo de la actuación en las Lastras. El plazo para elaborar el proyecto de urbanización en Las Lastras será de 12 meses desde la aprobación del Plan Regional, y 8 años será el plazo máximo para el desarrollo de todas las actuaciones, que se consideran hacer de manera secuenciada, en función de la demanda de vivienda y los recursos de SOMACYL.

De las 417 viviendas anunciadas, el 47,48% (198) quedarán, en teoría, gracias al Gobierno de España, como vivienda protegida en régimen de alquiler permanente (las 98 colaborativas junto a la plaza de toros más las 100 de Las Lastras, catalogación obligada, en este caso, por ley).

¿Y las 219 restantes, es decir, el 52,52%? 60 de ellas ubicadas en Las Lastras están catalogadas, de inicio, para la venta libre. Y las demás, es decir, 159 (sumadas 160 en Las lastras, 16 de la promoción en la Ctra Riaza en San Lorenzo y las 43 proyectadas en el antiguo cuartel bomberos), pasarán al mercado libre en un plazo máximo de 15 años.

En suma, de estas 417 viviendas anunciadas por el PP, solo 198 permanecerán como viviendas públicas en alquiler para siempre. Y si eso es así, insisten los socialistas, es gracias a la política del Gobierno de España que se desprende de la Ley Estatal de Vivienda que marca que el 50% del suelo público tiene que destinarse a vivienda de alquiler a precio asequible; mientras que gracias también a los fondos europeos se están construyendo ya las 98 viviendas junto al INSS, en el entorno de la plaza de toros.

La vivienda protegida constituye un bien de interés general, y su permanencia en el parque público es esencial para atender las necesidades habitacionales de la ciudadanía, conforme al artículo 47 de la Constitución Española y a la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, así como a la Ley 9/2010, de 30 de agosto, de derecho a la vivienda de Castilla y León.

El actual borrador del convenio propuesto por el Gobierno municipal del PP no incluye cláusulas que garanticen de forma permanente el carácter protegido de las viviendas, lo que permitiría su eventual descalificación y acceso al mercado libre una vez transcurrido el plazo legal mínimo de protección (15 años).

 

La enmienda del PSOE para garantizar que las viviendas no dejarán nunca de ser protegidas

Por ello, el grupo socialista va a proponer una enmienda parcial a la propuesta del convenio que plantea el Gobierno municipal del PP para incluir cláusulas específicas, con base legal, administrativa y registral, que impidan la desprotección futura del parque público residencial promovido en suelo municipal.

Así, el PSOE propone que la parcela cedida se destinará exclusivamente y de manera permanente a la construcción de viviendas sometidas a régimen de protección pública, en modalidad de compraventa, promoción pública o alquiler, de conformidad con el planeamiento urbanístico vigente. La afectación de esta parcela al uso residencial protegido será indefinida e irreversible, sin posibilidad de modificación futura salvo causa de fuerza mayor justificada y acordada por unanimidad por el pleno municipal. Las viviendas resultantes de la promoción deberán ser calificadas como vivienda protegida con carácter indefinido, solicitando expresamente la calificación definitiva sin posibilidad de descalificación por el transcurso del tiempo.

En consecuencia, SOMACYL se compromete a no instar, permitir o facilitar procedimiento de descalificación alguna, ni durante ni después del periodo legal máximo de 15 años, debiendo dejar constancia de dicha prohibición en los títulos de propiedad, escrituras de compraventa y notas registrales.

El Ayuntamiento de Segovia se reserva el derecho de tanteo y retracto indefinido sobre todas las viviendas construidas, así como sobre cualquier título traslativo de dominio o cesión de uso (venta, permuta, usufructo, arrendamiento, etc.), incluso después del plazo máximo de protección establecido por la legislación autonómica. SOMACYL y los futuros adjudicatarios deberán notificar al Ayuntamiento, con al menos 60 días naturales de antelación, cualquier acto de transmisión, con los términos y condiciones del mismo, para que el Ayuntamiento pueda ejercer su derecho preferente.

Además, las viviendas deberán destinarse a residencia habitual y permanente de los adjudicatarios, sin que puedan ser utilizadas como segunda residencia, vivienda turística ni alquiladas total o parcialmente, salvo autorización expresa del Ayuntamiento por causa social.

El Ayuntamiento de Segovia, según plantea el PSOE, como entidad cedente y garante del interés general, elaborará las bases públicas de selección de personas adjudicatarias, conforme a los principios de igualdad, publicidad, transparencia y concurrencia. Se incluirá una reserva mínima del 50% de las viviendas para jóvenes menores de 35 años, personas con discapacidad, unidades familiares con menores a cargo, y víctimas de violencia de género o exclusión residencial.

SOMACYL y el Ayuntamiento promoverán conjuntamente la inscripción en el Catastro y en el Registro de la Propiedad de la calificación perpetua como vivienda protegida de todas las viviendas resultantes, indicando: régimen de protección pública indefinido; prohibición de descalificación; precio máximo de transmisión y derecho de tanteo y retracto municipal.

Por último, la propuesta del PSOE contempla también la constitución de una comisión mixta de seguimiento integrada por tres representantes del Ayuntamiento y tres de SOMACYL, que se reunirá semestralmente y emitirá informe público sobre el grado de cumplimiento del convenio, la protección efectiva de las viviendas y la situación de los adjudicatarios.

Ayudas al alquiler de la Junta insuficientes

Por su parte, el procurador socialista segoviano José Luis Vázquez ha denunciado la “desidia” de la Junta de Castilla y León en materia de vivienda, especialmente en lo referente a las ayudas al alquiler, una de las pocas herramientas activas que mantiene el gobierno autonómico en este ámbito. “El 30% de los solicitantes de estas ayudas se queda fuera cada año por culpa de la mala gestión, la escasa dotación presupuestaria y una regulación obsoleta que no responde a la realidad social y económica de provincias como Segovia”, ha advertido.

Vázquez ha asegurado que “en Segovia es prácticamente imposible encontrar un alquiler por debajo de los 550 euros que marca la Junta como tope para poder acceder a la ayuda. Segovia es la provincia más cara de Castilla y León para alquilar, con un precio medio de 12,24 euros por metro cuadrado al mes”.

“¿Dónde viven Mañueco y su consejero para pensar que con ese límite se puede garantizar el acceso a la vivienda en nuestra provincia? Ni en la capital ni en muchos pueblos hay ofertas por debajo de esa cifra”, ha añadido.

El procurador socialista ha lamentado también que “la Junta lleva 15 años sin elaborar un plan estratégico de vivienda, incumpliendo la Ley de Vivienda de Castilla y León”. “Eso demuestra que su prioridad no es garantizar un derecho básico, sino dejarlo todo en manos del mercado. Y cuando intervienen, lo hacen en beneficio de promotoras privadas o grandes fondos de inversión, no de las familias segovianas que más lo necesitan”, ha denunciado.

Desde el PSOE de Segovia se ha hecho hincapié también en el impacto negativo que esta falta de política pública tiene sobre los jóvenes. “Castilla y León tiene la peor tasa de emancipación juvenil de España, apenas un 14,4%. No es casualidad. Con sueldos bajos, sin oferta de vivienda pública y con un alquiler desbocado, nuestros jóvenes no pueden iniciar un proyecto de vida”, ha lamentado Vázquez.

Vázquez ha querido subrayar el contraste entre la inacción del PP y el compromiso demostrado por el Gobierno de España. “Tres de cada cuatro euros destinados a vivienda en Castilla y León los pone el Gobierno central. Es el PSOE quien está impulsando una Ley de Vivienda, blindando el parque público y poniendo límites a la especulación”, ha afirmado.

Para Vázquez “Mañueco es el principal especulador inmobiliario y Martinez en unos meses será el principal promotor de viviendas asequibles”.

La vivienda asequible de promoción pública Para Carlos Martínez es una infraestructura social que jamás puede perder la protección pública y evitar su incorporación al mercado especulativo