• Con el alquiler disparado cerca de un 83 % en tres años y medio, los socialistas reclaman al PP, al Gobierno municipal de Mazarías y Mañueco, que actúen ya, de manera urgente, y permita estudiar la declaración de Segovia como zona tensionada para poner freno a una situación cada vez más “insostenible”.
  • El grupo socialista facilitará con su abstención las rebajas del IBI y la tasa de basuras, pero advierte de que el PP “se enmienda a sí mismo” tras las subidas de los últimos años y votará en contra del incremento del 33 % de la ORA y de la privatización de los aparcamientos municipales.
  • El PSOE rechazará también la tasa del aparcamiento de autobuses turísticos del Regimiento mientras no se acredite la legalidad de este uso y exige al PP que explique cómo puede considerarlo provisional mientras calcula para sus infraestructuras una vida útil de 50 años.

Segovia 23 de septiembre de 2026. El grupo municipal socialista llevará al pleno del próximo 25 de septiembre una moción para instar a la Junta de Castilla y León, como administración competente en materia de vivienda, a iniciar de inmediato el procedimiento previsto en la Ley estatal de Vivienda para estudiar y, si se cumplen los requisitos legales, declarar Segovia como zona de mercado residencial tensionado.

La portavoz socialista, Clara Martín, ha advertido de que la situación de la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas para muchos segovianos y especialmente para los jóvenes que quieren emanciparse, las familias y quienes llegan a la ciudad por motivos laborales. Según los datos manejados por el grupo socialista, el precio de oferta del alquiler se ha incrementado cerca de un 83 % en los últimos tres años y medio.

“Esto es lo que se encuentra cualquier vecino, cualquier vecina, cualquier persona que quiera venir a la ciudad a trabajar y buscar un hogar”, ha señalado Martín, que ha advertido de la dificultad cada vez mayor para encontrar viviendas a precios asumibles y de cómo esta situación está condicionando proyectos de emancipación y de vida en Segovia.

La propuesta socialista plantea que la Junta, con la participación del Ayuntamiento, analice la evolución de los alquileres, el esfuerzo económico que realizan las familias para poder pagarlos, la vivienda residencial disponible y la vivienda vacía, así como la incidencia que tienen sobre el mercado el alquiler turístico y el temporal. El PSOE reclama además que la Junta informe al Ayuntamiento, en un plazo máximo de seis meses, del inicio del procedimiento, de los datos utilizados y de las conclusiones obtenidas.

Los socialistas plantean igualmente la colaboración con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para avanzar en una actuación coordinada entre administraciones y diseñar medidas específicas para Segovia. La declaración como zona tensionada permitiría, cuando correspondiera legalmente, aplicar los mecanismos previstos para la contención de rentas y reforzar la estabilidad de los inquilinos, además de exigir un plan específico para corregir los desequilibrios detectados.

Martín ha pedido al alcalde, José Mazarías, que “defienda ante la Junta las necesidades que tienen todos los segovianos y todas las segovianas y que deje de ser el alcalde del PP para que se convierta de verdad en el alcalde de Segovia”. “Es difícil justificar un voto en contra a una situación como la que tenemos ahora mismo porque no se puede negar ni siquiera que estudiemos la situación y ver si Segovia cumple los requisitos que marca la ley”, ha añadido.

 

Protección permanente para las 56 viviendas del antiguo parque de bomberos

Otro de los asuntos vinculados a la vivienda que llegará al pleno es la cesión a SOMACYL de la parcela municipal del antiguo parque de bomberos para construir 56 viviendas. El PSOE presentará una enmienda para garantizar que estas viviendas mantengan permanentemente su protección pública y para que se contemple la posibilidad de destinarlas, total o parcialmente, al alquiler asequible.

“El suelo público debe seguir ayudando a los segovianos en el futuro”, ha defendido Martín, quien ha recordado que se trata de patrimonio de todos los ciudadanos y que, por tanto, su finalidad social debe preservarse en el tiempo.

Los socialistas consideran insuficientes las garantías incluidas en el convenio entre Ayuntamiento y SOMACYL y recuerdan que ya plantearon una posición similar con la parcela de San Lorenzo destinada a 14 viviendas. El PSOE quiere evitar que unas viviendas construidas gracias a la aportación de suelo público puedan terminar incorporándose en el futuro al mercado libre.

Martín ha incidido además en que el Ayuntamiento debería haber estudiado otras posibilidades de promoción aprovechando el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Entre sus líneas de financiación existen ayudas para determinadas promociones sobre suelo público destinadas al alquiler social o asequible que pueden alcanzar los 1.000 euros por metro cuadrado útil, con un máximo computable de 85 metros cuadrados por vivienda y hasta el 70 % de la inversión.

Para el PSOE, antes de decidir definitivamente el modelo para estas 56 viviendas, el gobierno municipal debería estudiar las distintas alternativas de financiación y determinar cuál permite obtener un mayor beneficio social y garantizar durante más tiempo el carácter público y asequible de las viviendas.

El PP “se enmienda a sí mismo” con las ordenanzas fiscales

Respecto a las ordenanzas fiscales, el grupo municipal socialista se abstendrá en la mayor parte de las propuestas y facilitará así que salgan adelante las reducciones planteadas en el IBI y la tasa de basuras. Para Martín, estas rebajas suponen que el PP “se enmienda a sí mismo” después de haber incrementado durante estos años la presión fiscal y de que el PSOE haya reclamado reiteradamente una rectificación.

Los socialistas advierten, no obstante, de que no darán un cheque en blanco al gobierno municipal. “Tenemos serias dudas de si vuelven a jugar a ese juego que les gusta tanto de los trileros: te bajo la tasa por un lado, pero luego te subo otra por otro”, ha señalado Martín.

Por ello, el PSOE votará en contra de la nueva ordenanza de la ORA, que contempla un incremento general del 33 % sin que, a juicio de los socialistas, exista un estudio que explique suficientemente qué mejoras del servicio justifican esa subida. El incremento afecta también a los residentes, cuya tarjeta anual experimentará igualmente una subida.

El rechazo socialista se extiende al modelo de gestión planteado, que contempla incorporar a la concesión los aparcamientos municipales de Ezequiel González y José Zorrilla. El PSOE reclama que, antes de privatizar su gestión, se expliquen los costes actuales, se compare la gestión directa con la privada y se acredite qué opción resulta más conveniente para el Ayuntamiento.

“No a la privatización de servicios públicos, clarísimo”, ha afirmado Martín, que considera que el gobierno municipal no ha explicado por qué una empresa privada gestionaría mejor estos aparcamientos ni qué ventajas concretas obtendrían los ciudadanos.

 

Un aparcamiento “provisional” con una vida útil calculada en 50 años

El grupo socialista votará también en contra de la ordenanza que regula la tasa del aparcamiento de autobuses turísticos del antiguo Regimiento. El PSOE comparte la necesidad de ordenar el estacionamiento de estos vehículos y establecer una aportación económica por su utilización, pero rechaza que se haga en estos términos y en esta ubicación sin resolver previamente las dudas urbanísticas existentes.

Los socialistas recuerdan que el planeamiento de estos terrenos contempla vivienda protegida, zonas verdes, nuevos viarios y equipamientos vinculados al entorno universitario. El PSOE sostiene que el gobierno municipal del PP no ha acreditado suficientemente que el aparcamiento pueda implantarse legalmente como uso provisional y recuerda que el propio informe municipal de Planeamiento condiciona esa posibilidad a justificar su compatibilidad y a determinadas condiciones de superficie y tramitación.

A ello se suma, según Martín, una contradicción que el gobierno del PP deberá explicar en el pleno: mientras se presenta el aparcamiento como un uso provisional, el estudio económico utilizado para calcular la tasa establece una vida útil de 50 años para las infraestructuras e inversiones previstas.

“¿Esto qué quiere decir? ¿Que vamos a tener un aparcamiento provisional de autobuses durante 50 años? ¿Vamos a estar durante 50 años sin construir las viviendas protegidas que están previstas en ese espacio, sin construir el equipamiento que está previsto en ese espacio?”, ha preguntado la portavoz socialista.

Para el PSOE, aprobar una tasa no sustituye la necesaria tramitación urbanística ni resuelve las dudas sobre la compatibilidad del uso. Por ello, exige al gobierno municipal que aclare cuánto tiempo pretende mantener realmente el aparcamiento, qué entiende por carácter provisional y con qué autorización urbanística cuenta antes de pedir al pleno que apruebe definitivamente la ordenanza.