• Los procuradores socialistas José Luis Vázquez y Alicia Palomo lamentan que “hasta hace escasos quince días los ayuntamientos no han recibido información sobre la implantación de esta medida de la Junta” y que “a estas alturas, cuando falta poco más de un mes para el comienzo del curso, no se les han dado todos los detalles, y por tanto tampoco las familias son conocedoras de cómo se va a implantar esta gratuidad”. 
  • “Modificación de tasas a través de la correspondiente ordenanza, contratación de personal, adecuación de instalaciones, son sólo algunas de las cuestiones a las que los Ayuntamientos tienen que hacer frente en tiempo récord gracias a la improvisación de la Junta”, lamentan los procuradores socialistas. 
  • “Todo ello sin olvidarnos del esfuerzo económico que van a hacer algunos Ayuntamientos para suplir con fondos propios la gratuidad para aquellos niños que no queden cubiertos por la Junta, a pesar del dinero que las comunidades autónomas, también Castilla y León, han recibido del Gobierno de España para financiar esta gratuidad, hasta un total de 670,1 millones de euros”, enfatizan. Así como “el trabajo extra que se impondrá a los Ayuntamientos para la justificación de las aportaciones que reciban por parte de la Junta. Una justificación que, a día de hoy, aún no se ha indicado a los Ayuntamientos cómo habrá de hacerse”.

Segovia, 29 de julio de 2022.- Los procuradores socialistas José Luis Vázquez y Alicia Palomo lamentan que “hasta hace escasos quince días los ayuntamientos no han recibido información sobre la implantación de esta medida de la Junta” y que “a estas alturas, cuando falta poco más de un mes para el comienzo del curso, no se les han dado todos los detalles, y por tanto tampoco las familias son conocedoras de cómo se va a implantar esta gratuidad”.

Durante las reuniones mantenidas con los Ayuntamientos, “ha quedado patente la descoordinación entre los departamentos dependientes de las consejerías de Educación y de Familia; de hecho, ambas convocaron a reuniones por separado con un escaso margen de diez días para informar de sus respectivos programas manifestándose que un departamento desconocía cómo iba a actuar el otro”. “Incluso desde un departamento se decía que entre las tasas que sí podían seguir cobrando las Escuelas Infantiles estaba la matrícula y el otro departamento entendía que no pueden hacerlo”.

Los procuradores socialistas denuncian asimismo que las exigencias impuestas para financiar esta etapa educativa han hecho que varios de los Ayuntamientos de nuestra provincia que se habían adherido, “hayan solicitado darse de baja”.

Así, Educación exige que cada unidad cuente con un mínimo de 3 niños y un máximo de 20 para financiar la educación de 2 a 3 años, pero únicamente durante cinco horas al día y en el periodo lectivo marcado en el calendario escolar. Además, se exige por cada unidad, independientemente del número de niños, dos técnicos y un maestro que prepare la programación educativa y vigile su cumplimiento.

“Esta exigencia de personal complica mucho las cosas especialmente para los Ayuntamientos en cuyas Escuelas Infantiles hay menos niños, y desde la Junta lo que se les llegó a manifestar en la reunión que probaran a contratar al maestro entre varios pueblos”, lamentan los procuradores. “Ello supone una gran inseguridad legal tanto para los Ayuntamientos como para los profesionales”, enfatizan.

En una reunión posterior, la Junta informó a los Ayuntamientos, esta vez a través de la Dirección General de Familia, de la ampliación del programa Crecemos para ampliar la gratuidad tres horas diarias más en el caso de 2 a 3 años. “Se amplía la financiación, pero no el número de niños a los que cubre el programa Crecemos, que se mantiene en 15”.

Con esta situación –continúan los procuradores socialistas- “aunque la Junta quiera vender a bombo y platillo que garantiza la gratuidad de 2 a 3 años y que la implanta también en el tramo de 0 a 2, no es cierto. A día de hoy no está garantizada esa gratuidad para todos los niños y se deja en manos de los Ayuntamientos establecer los baremos sobre los que decidir a qué niños se cobra y a qué niños se engloba dentro de esa gratuidad de la Junta”.

“Modificación de tasas a través de la correspondiente ordenanza, contratación de personal, adecuación de instalaciones, son sólo algunas de las cuestiones a las que los Ayuntamientos tienen que hacer frente en tiempo récord gracias a la improvisación de la Junta”, lamentan los procuradores socialistas.

“Todo ello sin olvidarnos del esfuerzo económico que van a hacer algunos Ayuntamientos para suplir con fondos propios la gratuidad para aquellos niños que no queden cubiertos por la Junta, a pesar del dinero que las comunidades autónomas, también Castilla y León, han recibido del Gobierno de España para financiar esta gratuidad, hasta un total de 670,1 millones de euros”, enfatizan. Así como “el trabajo extra que se impondrá a los Ayuntamientos para la justificación de las aportaciones que reciban por parte de la Junta. Una justificación que, a día de hoy, aún no se ha indicado a los Ayuntamientos cómo habrá de hacerse”.

“En definitiva, estamos ante una nueva muestra de descoordinación de la Junta que terminan pagando los Ayuntamientos”, concluyen los procuradores socialistas.