• En el pleno de la Diputación el PP ha votado en contra de una moción socialista para crear una Mesa Provincial Agraria en la que se sienten los diferentes interlocutores del sector, abarcando a los distintos actores que integran la industria agroalimentaria y gandera en nuestra provincia. Ante la dejación de funciones de la Junta, con esta moción buscábamos dar voz a los profesionales del campo para que se les escuche, pero sobre todo para que se les comprenda. La importancia del contacto directo con la realidad facilita la búsqueda e implementación de soluciones más efectivas. 
  • En la segunda de las mociones, que ha contado con el rechazo frontal del PP, el Grupo Socialista no solo pedía la Diputación mostrar su rechazo a la ley de «discordia», que equipara a las víctimas franquistas con sus verdugos, sino que también instaba al Grupo Parlamentario Popular en las Cortes a la retirada del documento. El Partido Popular no puede estar en un bando y en el contrario. O se está con la Democracia o con la Dictadura.

Segovia, 30 de mayo de 2024.-  En el pleno de la Diputación el PP ha votado en contra de una moción socialista para crear una Mesa Provincial Agraria en la que se sienten los diferentes interlocutores del sector, abarcando a los distintos actores que integran la industria agroalimentaria en nuestra provincia. Al mismo tiempo se ha opuesto, como pedía el Grupo Socialista, a mostrar su rechazo al proyecto de ley de la “discordia” de la Junta, que equipara a las víctimas del franquismo con sus verdugos.

En la primera de las mociones, el Grupo Socialista también contemplaba la necesidad de solicitar a la Junta que dote del personal suficiente al actual Observatorio de Precios de la Cadena Alimentaria para que funcione eficientemente para el fin con el que se creó. Asimismo, instaba a la institución autonómica a que se garantice el cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria, incrementando el personal de inspección necesario para cubrir este objetivo.

Entre otros cometidos, esta moción, que ha contado con el inexplicable rechazo del PP, buscaba solicitar a la Junta de Castilla y León la implementación de medidas de apoyo al sector, aumentando el apoyo en la contratación de seguros agrarios, agilizando los trámites administrativos de las diferentes ayudas y subvenciones que gestiona en esta materia.

En palabras del diputado provincial socialista Daniel Bravo, “todos somos conscientes de la importancia del sector agrario para la economía en nuestra provincia, con un peso específico relevante, tanto en agricultura como en ganadería, aparte de la industria de transformación de los productos agrarios en Segovia. De hecho, la importancia del sector agropecuario es vital en los municipios más despoblados de nuestra provincia, pues suele ser una de las únicas actividades productivas que se desarrollan en los mismos.

El sector ha vivido y vive momentos de dificultades, tal y como se ha visto con las recientes movilizaciones del campo, exigiendo reivindicaciones legítimas, muchas de ellas arrastradas en el tiempo desde hace más de una década. Si bien, ya a comienzos de 2020, se vivió una situación similar, interrumpida por la pandemia de la Covid19, la posterior crisis mundial de abastecimiento de materias primas en post pandemia, junto con la crisis derivada de la invasión de Ucrania en febrero de 2022 ha hecho que los costes de producción se disparasen y la rentabilidad se viera comprometida.

El Gobierno de España, en permanente escucha con profesionales del sector

Desde el Gobierno de España se ha estado en permanente escucha, y ya en 2020 (Ley 8/2020) se aprobó una Reforma de la Ley de Cadena Alimentaria sobre la que estaba en vigor desde 2013 (Ley 12/2013), recogiendo en la misma una serie de reivindicaciones históricas de las diferentes Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs). El mayor avance fue la prohibición de la “venta a pérdidas”, y la garantía de que los precios que se pagan cubran los costes de producción entre cada eslabón de la cadena.

Bravo ha señalado que “el Gobierno de España también ha dotado de una herramienta fundamental para el control del buen funcionamiento de la Cadena Alimentaria, reforzando desde el Ministerio la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), que además sirve a las CCAA para que en el ejercicio de sus competencias puedan velar por el cumplimiento de la misma, defendiendo unos precios justos para los productores y persiguiendo a quienes la incumplan”.

Las comunidades autónomas son responsables de las competencias directas para hacer cumplir esta Ley, y por ello deben desarrollar y dotar de medios eficaces tanto al Observatorio de la Cadena Alimentaria, como al Observatorio de Precios de Productos Agrícolas.

“Ante la dejación de funciones de la Junta, con esta moción buscábamos dar voz a los profesionales del campo para que se les escuche, pero sobre todo para que se les comprenda. La importancia del contacto directo con la realidad facilita la búsqueda e implementación de soluciones más efectivas. Sin embargo, nos encontramos con la negativa del PP a dar respuesta a sus demandas con una Mesa Provincial Agraria en la que participen todas las voces del campo segoviano”, ha destacado Bravo.

Rechazar la ley de discordia

En la segunda de las mociones, que ha contado con el rechazo frontal del PP, el Grupo Socialista no solo pedía la Diputación mostrar su rechazo a la ley de «discordia», sino que también instaba al Grupo Parlamentario Popular en las Cortes a la retirada del documento. Al mismo tiempo, según ha declarado el portavoz socialista, Máximo San Macario, el PSOE exigía la Diputación a “realizar cuanto esté en su mano para incentivar la búsqueda y facilitar las tareas de exhumación de fosas de víctimas de la guerra civil y el franquismo existentes en los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de Segovia, como también proponer un acuerdo al Ayuntamiento de Segovia para poder realizar en la Antigua Cárcel, de manera individual y/o conjunta, actividades y jornadas de sensibilización para mostrar a la sociedad lo que significó la barbarie dictatorial del franquismo contra la libertad, los derechos y la democracia”.

En palabras de San Macario, “la Junta tramita esta ley, derogando su propio decreto de memoria histórica y democrática de 2018, sin justificar los motivos para ese cambio legal más allá de la apelación a una ‘concordia’ que, como tal, no aparece ni en la Constitución ni en el Estatuto de Castilla y León. Esta nueva norma no recoge una condena expresa a lo ocurrido entre la Guerra Civil y la Constitución española de 1978, al tiempo que suprime la palabra ‘dictadura’ para referirse únicamente como franquismo al periodo comprendido entre 1939 y la llegada de la democracia. Por otra parte, amplía el periodo que pretende abarcar la ‘defensa de las víctimas’ del año 1931 al año 1978, sin explicar los motivos de esta ampliación, toda vez que el anterior decreto todavía vigente, lo refiere a las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura”.

El Partido Popular no puede estar en un bando y en el contrario, o se está con la Democracia o con la Dictadura. Por ello, “entendemos que Las Cortes de Castilla y León, condenando el golpe de estado de 1936 y la posterior dictadura franquista, deben rechazar cualquier revisionismo histórico que justifique o que trate de rehabilitar regímenes antidemocráticos, y siendo coherentes con los consensos alcanzado en 2018, rechazar de pleno esta proposición de Ley”.

Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas ha emitido un informe demoledor sobre las leyes autonómicas de concordia que se tramitan en Aragón, en este caso ya aprobada, en la Comunidad Valenciana y en Castilla y León ya que “las nuevas leyes invisibilizan las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista, al no hacer referencia explícita ni condenar el régimen, su carácter dictatorial, o su responsabilidad por los crímenes cometidos en este periodo”.

“Desde el Grupo Socialista no podemos permitir que se tramiten estas leyes que van contra la memoria democrática y, en el mismo sentido, entendíamos que la Diputación de Segovia también debiera actuar de manera proactiva para colaborar con las Asociaciones de Recuperación de la Memoria Histórica en promover medidas de reparación, defensa, restauración y reconocimiento de los derechos de las víctimas y facilitar los procesos de exhumación durante la dictadura, así como actuaciones de sensibilización de la sociedad”, ha destacado San Macario.