• El Grupo Socialista presenta una moción en el pleno del próximo jueves para que la Diputación se comprometa a exigir a la Junta de Castilla y León que se haga cargo de los gastos de conservación y mantenimiento de los centros públicos de Educación Infantil, Primaria, que hasta la fecha son asumidos por los ayuntamientos de nuestra provincia, con la pesada carga económica que representa para sus cuentas. 
  • Al mismo tiempo, y en tanto en cuanto la Junta de Castilla y León no asuma sus competencias, la Diputación Provincial debe ayudar a los ayuntamientos en la cofinanciación de estos gastos. Por eso, el Grupo Socialista pide al PP de la Diputación que asigne “una partida presupuestaria, este año con cargo a remanentes, de 300 mil euros para cofinanciar, a través de una subvención en concurrencia competitiva, a los ayuntamientos, en la financiación de esos gastos”, ha señalado en rueda de prensa el diputado provincial socialista David Gutiérrez. 
  • En otra de las mociones, el Grupo Socialista pretende arrancar a la Diputación el compromiso de instar a la Junta de Castilla y León a agilizar los trámites y concluir el proyecto de ordenación del transporte de viajeros por carretera aprobado en 2022, asegurando que todos los núcleos de población de la provincia tengan el acceso garantizado, determinante para luchar contra la despoblación. Asimismo, el viceportavoz socialista, José Antonio Mateo, plantea que la administración autonómica “implante un transporte de viajeros por carretera para el ocio nocturno comarcal”.

Segovia, 19 de marzo de 2024.-  El Grupo Socialista presenta una moción en el pleno del próximo jueves para que la Diputación se comprometa a exigir a la Junta de Castilla y León que se haga cargo de los gastos de conservación y mantenimiento de los centros públicos de Educación Infantil, Primaria, que hasta la fecha son asumidos por los ayuntamientos de nuestra provincia, con la pesada carga económica que representan para sus cuentas.

“El PP tiene que escuchar nuestra petición y atender esta reivindicación histórica de los municipios para que sea la Junta, la administración competente en materia educativa en nuestra comunidad, la que asuma estos costes, ya que la siempre insuficiente capacidad financiera de los ayuntamientos hace que estos gastos supongan una pesada carga para los municipios, que en muchos casos no pueden soportar”, ha señalado el diputado provincial socialista David Gutiérrez en rueda de prensa.

En otra de las mociones, el Grupo Socialista pretende arrancar a la Diputación el compromiso de instar a la Junta de Castilla y León a agilizar los trámites y concluir el proyecto de ordenación del transporte de viajeros por carretera aprobado en septiembre de 2022, asegurando que todos los núcleos de población de la provincia tengan el acceso garantizado.

Asimismo, según ha confirmado el viceportavoz socialista, José Antonio Mateo, el grupo Socialista solicita a la administración autonómica “la necesidad de implantar un transporte de viajeros por carretera para el ocio nocturno comarcal en la provincia, para que los jóvenes puedan disponer de dicho servicio, ganando en seguridad”.

Volviendo a la primera de las mociones, desde el Grupo Socialista de la Diputación proponen que la Junta de Castilla y León asuma realmente las competencias en materia educativa, como indica la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, y mientras lo hace, dote a los municipios de los suficientes recursos económicos, materiales y personales para poder conservar, mantener y vigilar los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de Educación Infantil, Primaria o Especial.

En palabras de Gutiérrez, “han pasado más de 10 años desde la entrada en vigor de dicha ley y la Junta ha sido incapaz de asumir sus competencias, trasladando la carga a los ayuntamientos, con el esfuerzo que supone acarrear con estos costes de mantenimiento y el considerable gasto que conlleva en el presupuesto municipal”.

Según apuntan los socialistas, desde el 2002, año en que se realizaron las transferencias en materia de Educación del Estado a nuestra comunidad, “observamos que, en materia de educación, la cooperación económica y redistribución de recursos financieros, desde la Junta de Castilla y León a las Corporaciones Locales, resulta a todas luces insuficiente, comparada con los gastos que los Ayuntamientos tienen que soportar. Es el momento de revertir esta situación y ayudar a nuestros pueblos dando cumplimiento a esta demanda histórica”.

Al mismo tiempo, la Diputación Provincial, como institución que vela por los problemas y anhelos de los pueblos, dentro de sus capacidades y posibilidades, debe ayudar a los ayuntamientos en la cofinanciación de estos gastos mientras que la Junta de Castilla y León no se haga cargo de sus propias competencias y de sus responsabilidades.

Por eso, el Grupo Socialista pide al PP de la Diputación que asigne “una partida presupuestaria, este año con cargo a remanentes, de 300 mil euros para cofinanciar, a través de una subvención en concurrencia competitiva, a los ayuntamientos, en la financiación de esos gastos”.

Garantizar el transporte por carretera para todos en los pueblos de la provincia

El transporte de viajeros por carretera es fundamental en una Comunidad Autónoma tan extensa como lo es Castilla y León. Como servicio público, una organización adecuada del transporte público es determinante para luchar contra la despoblación, ya que no es lo habitual que las familias opten por quedarse en pueblos o zonas geográficas con nulas o escasas comunicaciones.

Para Mateo, “un trasporte público adecuado en el medio rural es para muchas personas, especialmente para las de más edad, una herramienta para acceder a otros servicios públicos como la asistencia sanitaria primaria y/o especializada. Pero lo es también para los jóvenes, que utilizan el autobús para desplazarse a centros educativos para poder formarse y acceder a ofertas de ocio.

El 15 de septiembre de 2022, la Junta de Castilla y León aprobaba el Decreto por el que se aprobaba el marco jurídico que sustenta el Mapa de Ordenación del Transporte Público de Viajeros por Carretera de Castilla y León. Aquel día, el Gobierno autonómico aseguraba que el texto normativo garantizaría los derechos de la ciudadanía, con independencia de su lugar de residencia, y abría paso a una movilidad pública alineada con los conceptos de accesibilidad universal, sostenibilidad, conectividad y digitalización.

Una vez aprobado el Decreto, se abría un periodo de elaboración de los anteproyectos de explotación y sometimiento a información pública para conocer la opinión de las partes implicadas, especialmente de los ciudadanos y sector del transporte.

“Sin embargo, poco se ha avanzado desde entonces, y sigue la incertidumbre sobre lo que va a ocurrir con las líneas con menos de 4.000 viajeros o las rutas regulares por el transporte a la demanda, sobre las que se hace necesario adecuar las frecuencias y los horarios para que no ocurra como ahora que un paciente puede llegar tarde a una consulta”, ha asegurado Mateo.

Por tales motivos, el Grupo Socialista presenta una moción para instar a la Junta a garantizar el acceso al transporte por carretera de todos los ciudadanos.

Igualmente, y dadas las circunstancias, “debería contemplarse la regulación específica de los taxis rurales como complemento del transporte regular, metropolitano y a la demanda y la puesta en marcha de un bono cero para garantizar la gratuidad de los usuarios que se desplazan para la prestación de servicios como la educación o sanidad, así como completar la red de estaciones de servicio y la modernización de marquesinas y refugios”, ha zanjado Mateo.