• El grupo municipal del PSOE denuncia la política nula, vacía y de total abandono en materia de vivienda por parte del Gobierno PP-VOX de la Junta de Castilla y León, que en los últimos 20 años no ha invertido ni un solo euro en promoción de vivienda pública; y exige la puesta en marcha de planes como el de Las Lastras, paralizado hace 10 años, y que preveía más de 500 viviendas.
  • Los socialistas denuncian la pasividad e inacción de la administración regional y del delegado territorial y candidato del PP, José Mazarías, ante el parón que sufren las obras de reforma de 12 bloques de protección oficial en el barrio de Nueva Segovia, de la que la Junta es responsable. Este parón ha generado ya daños, desperfectos y múltiples molestias, de las que son víctimas 64 familias.

Segovia, 27 de marzo de 2023.- La Junta de Castilla y León, en el gobierno de intereses PP-VOX, es la administración “Ni-ni” en materia de vivienda en Segovia, pues “ni” construye viviendas públicas desde hace décadas “ni” se preocupa de las que construyó en su día, ya que cuando toca reformar estos inmuebles y las obras se demoran la administración regional no actúa con celeridad para evitar perjuicios a sus inquilinos, caso del conflicto que padecen 64 familias de dos bloques de Nueva Segovia de los que es titular la administración regional.

En primer lugar, el grupo municipal del PSOE denuncia el total abandono que sufre Segovia en materia de vivienda por parte de la administración regional, puesto que lleva más de 20 años sin cumplir sus competencias de promoción de vivienda pública en la ciudad de Segovia. La consecuencia de esta política ausente, nula y vacía en materia de vivienda ha sido, en primer lugar, el éxodo de población de la capital a los núcleos del alfoz; aunque la gran mayoría siga desplazándose a diario a la ciudad por motivos de trabajo.

Sin promociones de vivienda pública en la ciudad desde hace décadas por quien es competente para hacerlo, esto es, la Junta de Castilla y León, la consecuencia es un limitado parque de vivienda, además con un alto precio, también de alquiler, lo que hace que tampoco puedan regresar a vivir la ciudad quienes se marcharon en su día a otros núcleos del entorno.

Ante esta problemática, el pasado 2 de diciembre el pleno del Ayuntamiento de Segovia adoptó el acuerdo de reclamar a la Junta de Castilla y León a que cumpla con sus competencias en materia de vivienda y promocione, desarrolle y financie políticas en esta materia en la ciudad de Segovia, ausentes en los últimos 20 años.

En esta misma línea, los socialistas exigen a la Junta de Castilla y León el desarrollo completo del Plan Estatal para el acceso a la Vivienda 2022-2025 (PEAV), implementando los fondos destinados a los cinco programas que actualmente no está previsto su desarrollo. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) comprometió a aportar, como máximo y por anualidades, para la financiación de las subvenciones del PEAV en Castilla y León casi 78 millones de euros. La Junta de Castilla y León se comprometía a cofinanciar actuaciones en al menos 23,6 millones, aunque en el convenio firmado con el MITMA el Gobierno regional dejó sin fondos programas que afectan especialmente a ciudades del tamaño y población de Segovia, como la puesta a disposición a los ayuntamientos de viviendas para alquiler asequible o social.

“La vivienda no es una prioridad para PP-VOX”

“Cuando les brindan un buen acuerdo, en este caso el Gobierno de España, y tienen oportunidad de revertir la situación, no lo hacen, porque el Gobieno PP-Vox de la Junta no tienen en sus prioridades facilitar el acceso a la vivienda a precios asequibles, es decir, mirar por los intereses de los segovianos”, sostiene el portavoz del grupo municipal del PSOE, Miguel Merino, que exige a la Junta de Castilla y León el desarrollo del Plan Regional de las Lastras, paralizado en su tramitación desde 2013 y que preveía la creación de 510 viviendas públicas protegidas.

Frente a la inacción del Gobierno regional para impulsar la construcción de viviendas a precios asequibles, el Gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Segovia ha intervenido, dentro de sus competencias, para contribuir a su promoción, esto es, para defender el interés general de los segovianos. Así ha impulsado la modificación del PGOU para el desarrollo urbanístico del entorno del Regimiento. En este sector de suelo urbano, el más importante en la última década, se podrán construir 127 viviendas, de las que 57 serán protegidas y de carácter municipal, y se dotará a la ciudad de un nuevo equipamiento público de posible uso deportivo o cultural de 5.000 metros cuadrados.

Por otra parte, la Junta de Castilla y León ha recibido fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España destinados a vivienda, concretamente 54,5 millones de euros, para la construcción de viviendas colaborativas para menores de 35 años. En este apartado la previsión en Segovia se limita a un edificio de 100 viviendas colaborativas para alquiler joven. “Lo hacen con fondos europeos y en una parcela cedida por el Ayuntamiento, es decir, la Junta ejecuta pero el impulso procede de otras administraciones, que financian la obra y aportan los terrenos”, añade el grupo municipal del PSOE. A este respecto, la actual alcaldesa, Clara Martín, cuando asumía la Concejalía de Urbanismo, trabajó intensamente para que este proyecto se pudiera materializar y así ofreció varias parcelas para este propósito a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SomaCyl).

El calvario de los vecinos de Nueva Segovia. La Junta no puede mirar a otro lado.

Por otra parte, el grupo municipal del PSOE exige a la Junta de Castilla y León y a su delegado territorial en Segovia, José Mazarías, candidato del PP a la Alcaldía, que explique y actúe con celeridad para poner fin a la preocupante situación que viven los inquilinos de dos bloques, de 64 viviendas, de los grupos de La Fresneda y el Mayorazgo, en el barrio de Nueva Segovia.

Ante el estado de deterioro que sufrían estas viviendas tras años sin inversiones para su mejora, la Junta no tuvo más remedio que contratar las correspondientes obras de reforma. Tras el verano del pasado año, los vecinos alertaron de demoras en la ejecución. Según publicaron algunos medios de comunicación, en octubre ya se hicieron patentes notables desperfectos, por decisiones incomprensibles como la retirada de tejados sin ser sustituidos por otros, lo que provocó, con las lluvias del otoño, grandes goteras e inundaciones en algunos pisos, obligando al realojo de sus inquilinos. El desarrollo intermitente de los trabajos acabó en parón, en tanto que, al parecer, los proveedores que no han cobrado los primeros servicios no aceptan otros nuevos hasta no tener saldadas estas deudas, según han informado también los medios locales.

Además, la empresa no ha liquidado al Ayuntamiento las correspondientes tasas relacionadas con la obra por importe de 13.000 euros.

“Llevan ya estas familias más de seis meses soportando este calvario. La Junta no puede mirar para otro lado y el señor José Mazarías, el delegado-candidato, debe tomar cartas en el asunto y no poner excusas vacías. Tendría que dar explicaciones a los vecinos, aunque dudamos que lo haga, porque tuvo oportunidad también de explicar qué ocurrió con el desplome del techo de un aula del IES La Albuera y aún las estamos esperando”, añade Merino.