• La senadora socialista Ana Agudíez remarca que la nueva Ley de Formación Profesional supone “un impulso a la igualdad de oportunidades, esta vez en el ámbito educativo, y la puesta en valor de unos estudios que hasta ahora eran denostados por muchos”. “Esta reforma supone una verdadera transformación de la Formación Profesional como motor del cambio del modelo productivo, pieza angular para la sostenibilidad y el crecimiento económico del país, y pone los recursos y la formación al servicio de todas las personas”. “Una transformación que además tendrá ubicado en Segovia un puntal clave como es el Centro de Innovación y Tecnificación de Alto Rendimiento de la Formación Profesional”, enfatiza. 
  • Para Agudíez, esta nueva Ley es una gran noticia para los casi 3.000 estudiantes segovianos de los 52 ciclos formativos, nueve de Formación Profesional Básica, 21 de grado medio y 22 de grado superior, que se imparten en nuestra provincia. “Unos ciclos que resultan insuficientes ante la creciente demanda que ya este curso ha ocasionado que haya habido alumnos que no han podido cursar los módulos solicitados por falta de plazas”, lamenta. 
  • Frente a este decidido impulso del Gobierno de Pedro Sánchez a la FP, Agudíez lamenta “la inacción y dejadez de la Junta, que es quien tiene las competencias en materia educativa”. “Una inacción que queda patente en la desigualdad de oportunidades, que padecen los jóvenes que viven en nuestro medio rural”, en primer lugar porque no hay una distribución de centros en diferentes puntos de nuestra provincia que facilite a los estudiantes que residen en el medio rural contar con un centro en un lugar más próximo a su residencia, y en segundo lugar porque la Junta no está siendo capaz de garantizar a estos alumnos los mismos servicios de transporte que los de que residen en grandes núcleos de población”.

Segovia, 6 de abril de 2022.- La senadora socialista Ana Agudíez remarca que la nueva Ley de Formación Profesional supone “un impulso a la igualdad de oportunidades, esta vez en el ámbito educativo, y la puesta en valor de unos estudios que hasta ahora eran denostados por muchos”. “Esta reforma supone una verdadera transformación de la Formación Profesional como motor del cambio del modelo productivo, pieza angular para la sostenibilidad y el crecimiento económico del país, y pone los recursos y la formación al servicio de todas las personas”. “Una transformación que además tendrá ubicado en Segovia un puntal clave como es el Centro de Innovación y Tecnificación de Alto Rendimiento de la Formación Profesional”, enfatiza.

“Con la aprobación de esta ley, se ratifica el compromiso del Gobierno de modernizar y consolidar la Formación Profesional como enseñanzas de éxito y se hace desde el consenso y el diálogo, toda vez que la nueva norma es fruto del trabajo conjunto entre Gobierno, centros de formación, trabajadores, empresarios, comunidades autónomas y otros espacios de participación en el ámbito educativo”, subraya.

“Nunca antes se había conseguido un acuerdo tan transversal para el futuro de la FP en nuestro país en una norma que consolida la educación y la formación como pilar fundamental para el progreso en equidad y justicia social”. “Pero lamentablemente hemos visto una vez más cómo el PP carece del más mínimo sentido de Estado y la aprobación definitiva de esta nueva ley en el Senado, tras su paso por el Congreso, se ha hecho realidad con los únicos votos en contra del PP”.

Para Ana Agudíez, esta nueva Ley es una gran noticia para los casi 3.000 estudiantes segovianos de los 52 ciclos formativos, nueve de Formación Profesional Básica, 21 de grado medio y 22 de grado superior, que se imparten en nuestra provincia. “Unos ciclos que resultan insuficientes ante la creciente demanda que ya este curso ha ocasionado que haya habido alumnos que no han podido cursar los módulos solicitados por falta de plazas”, lamenta.

“La inversión en formación es la mejor que puede hacer una administración, y así lo ha entendido el Gobierno de Pedro Sánchez que ha incrementado en 660 millones de euros la financiación de la FP hasta alcanzar un total de 2.229 millones de euros, a los que hay que añadir otros 2.000 millones de euros dirigidos al Plan de Modernización”, enfatiza la senadora socialista. “Una inversión imprescindible si tenemos en cuenta que las previsiones indican que para 2025, casi el 50 por ciento de los empleos necesitarán titulados en FP”.

Esta ley recoge las necesidades de nuestro país para avanzar en la acreditación de competencias de 3 millones de personas con experiencia, pero sin un título que la refrende; incrementar el número de titulados con una formación técnica intermedia; acercarnos a la media europea de jóvenes que cursan FP (actualmente casi el doble que en España) y aumentar el número de horas de formación continua de los y las trabajadoras, que ahora tan solo es de 17.

“En España necesitábamos una ley de FP, moderna y avanzada con una intensa corresponsabilidad de las empresas y del tejido productivo, y ahora lo hemos conseguido”, enfatiza Agudíez. “Era necesario actualizar una ley de hace 20 años para dar respuestas acertadas a las necesidades de nuestro mercado laboral actual y ahora, con el nuevo marco normativo, toda la formación profesional será dual, con dos modalidades, la general y la intensiva que requerirá un contrato”.

La senadora remarca, asimismo, que la ley recoge la participación activa de las empresas en el aprendizaje profesional; incentiva el reconocimiento de la experiencia laboral dejando abierta la convocatoria a demanda y promueve el desarrollo de la innovación, la investigación aplicada y el emprendimiento.

Agudíez remarca también el Plan de Modernización de FP que acompaña a esta nueva ley y que prevé la creación de 200.000 nuevas plazas de FP, la acreditación de 3 millones de personas y unidades de competencia adquiridas por experiencia laboral, la formación de 500.000 trabajadores en activo en digitalización, la apertura de 3.000 Aulas Mentor en municipios de menos de 5.000 habitantes, la  formación a 50.000 docentes de FP en digitalización aplicada al sector productivo, la financiación de 500 proyectos de innovación, la apertura de 1.800 aulas de emprendimiento en centros FP, así como la publicación de 60 nuevos títulos y cursos de especialización y la actualización del 80 por ciento del catálogo nacional de Cualificaciones Profesionales.

La senadora subraya que el Gobierno ha querido otorgar a la formación profesional la categoría de política de Estado y ha incluido, además, la perspectiva de género para avanzar en igualdad, con el objetivo de incrementar un 5 por ciento la matrícula de mujeres en títulos de FP de carácter tecnológico.

 

Inacción de la Junta

Frente a este decidido impulso del Gobierno de Pedro Sánchez a la FP, Agudíez lamenta “la inacción y dejadez de la Junta, que es quien tiene las competencias en materia educativa”. “Una inacción que queda patente en la desigualdad de oportunidades, una vez más, que padecen los jóvenes que viven en nuestro medio rural”, lamenta la senadora socialista.

“En primer lugar porque no hay una distribución de centros en diferentes puntos de nuestra provincia que facilite a los estudiantes que residen en el medio rural contar con un centro en un lugar más próximo a su residencia, y en segundo lugar porque la Junta no está siendo capaz de garantizar a estos alumnos los mismos servicios de transporte que los de que residen en grandes núcleos de población”.

En este sentido, Agudíez recuerda que los procuradores socialistas ya han presentado en las Cortes distintas iniciativas en este sentido para que se garantice el transporte escolar a todo el alumnado de nivel post-obligatorio cuando su domicilio se encuentre en un municipio diferente del centro de escolarización que le corresponda”.

“Con la legislación autonómica actual, el alumnado de educación postobligatoria no universitaria solo es beneficiario del transporte escolar previa autorización. Es decir, solo tienen derecho al transporte escolar en caso de que haya plazas vacantes y, por tanto, no tiene garantizado que puedan beneficiarse de ese transporte. De este modo, existe una situación de desigualdad entre los que tienen posibilidad de acudir a estudiar con sus propios medios o el de sus familias y los que no; y entre el alumnado que tiene el centro cerca y tiene mejores posibilidades de acudir a estudiar y la mayoría de los que viven en zonas rurales, que obligatoriamente tienen que desplazarse para ir al centro escolar”, subraya.

“Lamentablemente, tanto PP como Ciudadanos siempre han votado en contra de las iniciativas socialistas para corregir estas desigualdades”, remarca Agudíez, instando al nuevo gobierno de la Junta a abandonar el frentismo que el PP a nivel nacional ha tenido hacia esta nueva ley de FP y a ser corresponsable, dentro del ámbito de sus competencias, para lograr, por fin, la formación profesional que este país merece y necesita”.