• La senadora socialista Ana Agudíez subraya que “el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de la Economía Social y de los Cuidados, “permitirá movilizar más de 800 millones de euros con la implicación de hasta 13 ministerios, y supone una inmejorable oportunidad para modernizar los derechos sociales, y de manera especial los cuidados; ámbitos en los que se puede generar empleo de calidad y estable, que combata la despoblación y fomente la igualdad de género”. 
  • “Frente a esta apuesta decidida del Gobierno de España por impulsar, dignificar y modernizar todo lo relacionado con los cuidados, la Junta de Castilla y León ostenta el dudoso honor de ser la Comunidad que menor gasto medio realizó por persona beneficiaria de ayudas a la dependencia en 2021”, subraya Agudíez. 
  • “Mientras que la Junta redujo en 2021 la financiación de la dependencia en relación a 2020, el Gobierno de Pedro Sánchez impulsa un PERTE de más de 800 millones de euros para dignificar los cuidados a quienes más lo necesitan y para dignificar y poner valor a quienes llevan a cabo esos cuidados. Dos formas de hacer política diametralmente opuestas que evidencian la falta de sensibilidad de la derecha hacia los derechos sociales”.

Segovia, 10 de junio de 2022.- La senadora socialista Ana Agudíez subraya que el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de la Economía Social y de los Cuidados, “supondrá un importantísimo impulso al desarrollo de la Economía Social y al fortalecimiento de los servicios avanzados en el ámbito de los cuidados accesibles y centrados en las personas”.

“Este PERTE, único en la UE, que permitirá movilizar más de 800 millones de euros con la implicación de hasta 12 ministerios, supone una inmejorable oportunidad para impulsar políticas palanca que permitan la expansión de la Economía Social, además de la transformación de la Economía de los Cuidados, ámbitos en los que se puede generar empleo de calidad y estable, así como un desarrollo equitativo, inclusivo y sostenible, que combate la despoblación y fomenta la igualdad de género”.

La inversión de 808 millones de euros hasta 2026 será un gran revulsivo para un sector “de vital importancia en el mantenimiento y fortalecimiento de nuestro Estado de Bienestar; un sector en el que España es referente europeo y que está conformado por más de 43.000 entidades, en su mayoría pequeñas y medianas empresas con fuerte enraizamiento en los territorios y que dan trabajo a 2,2 millones de personas”, enfatiza Agudíez, señalando que “en su conjunto, la Economía Social supone el 10 por ciento del PIB”.

“Este plan estratégico ha sido ideado poniendo en el centro el bienestar de las personas y con el objetivo de modernizar los derechos sociales y de manera singular los cuidados”, subraya la senadora socialista. Para ello, las líneas de actuación contemplan profesionalizar el sector de los cuidados sanitarios y la dependencia. “Además de evaluar el sector, se buscarán nuevas soluciones para el cuidado y el autocuidado promoviendo, entre otros, la creación de viviendas colaborativas. Se aplicarán, por ejemplo, soluciones tecnológicas para fomentar el cuidado a domicilio recurriendo al diagnóstico remoto o los dispositivos de monitorización”, remarca Agudíez.

Se contempla además apoyar la lucha frente al reto demográfico a través de acciones para mejorar la oferta de servicios sociales y educativos en el ámbito rural, “algo de vital importancia para una provincia como Segovia; además de promover la educación y capacitación digital poniendo el foco en nuevas habilidades relacionadas con la digitalización y sostenibilidad.

El PERTE recoge también el objetivo de crear una herramienta digital que facilite el contacto entre consumidores y productores para la venta y distribución de los artículos agroalimentarios en mercados locales, medida que incide en uno de los baluartes de la Economía Social, que es fijar población al territorio.

Asimismo, “este ambicioso Plan permitirá promocionar e impulsar la igualdad de género con medidas que faciliten la conciliación y que profesionalicen un trabajo que tradicionalmente han venido realizando las mujeres de manera informal”, destaca. “Este aspecto es de vital importancia para poner en valor y visibilizar el trabajo de miles de mujeres cuidadoras”.

Finalmente, la senadora socialista ha remarcado el objetivo estratégico de concentrar y compartir todo el conocimiento que genera la Economía Social, “lo que permitirá visibilizar y poner en valor la comunidad científica especializada en la Economía Social, y poner la innovación y la transferencia de conocimiento al servicio de la transformación de las empresas y del modelo de los cuidados”.

Este ambicioso PERTE se va a completar con tres iniciativas legislativas: una nueva ley de la Economía Social, una de cooperativas y una tercera de las empresas de inserción. “Todo ello sin olvidar que la Economía Social figurará entre las prioridades del Gobierno durante la presidencia rotativa de la Unión Europea, en 2023”.

 

Impulso del Gobierno de Pedro Sánchez frente al desdén de la Junta

“Frente a esta apuesta decidida del Gobierno de España por impulsar, dignificar y modernizar todo lo relacionado con los cuidados, la Junta de Castilla y León ostenta el dudoso honor de ser la Comunidad que menor gasto medio realizó por persona beneficiaria de ayudas a la dependencia en 2021”, subraya Agudíez. “La Junta destina a las 106.500 personas beneficiarias de estas ayudas un promedio de 6.598,72 euros, cuando la media española se sitúa en 8.195,92”.

“Además Castilla y León es la segunda Comunidad que menor porcentaje de financiación autonómica destinó a las ayudas a dependencia en 2021. “La media estatal indica que el Gobierno central aporta algo más del 20 por ciento del total para financiar las ayudas a la dependencia, pero en nuestra Comunidad, ante la insuficiente aportación de la Junta, el Gobierno ha tenido que incrementar las aportaciones hasta el 27,4 por ciento”, enfatiza.

“Mientras que la Junta redujo en 2021 la financiación de la dependencia en relación a 2020, el Gobierno de Pedro Sánchez impulsa un PERTE de más de 800 millones de euros para dignificar los cuidados a quienes más lo necesitan y para dignificar y poner valor a quienes llevan a cabo esos cuidados. Dos formas de hacer política diametralmente opuestas que evidencian la falta de sensibilidad de la derecha hacia los derechos sociales”, concluye.