- Alcaldesas y alcaldes socialistas de la provincia lamentan “que la dejadez de la Junta está ocasionando una proliferación incontrolada, especialmente de plantas de energía fotovoltaica, que dista mucho de ser beneficiosa para nuestros pueblos”.
- “La Junta no está cumpliendo con su obligación de desarrollar normativamente una regulación de este tipo de instalaciones, así como las eólicas, y vemos cómo ante esta premeditada falta de regulación, están entrando en juego muchos intereses privados que poca o nula repercusión económica y de generación de empleo tiene en nuestros pueblos”, remarcan.
- José Luis Vázquez, coordinador del área de Medio Ambiente del PSOE de Castilla y León, recuerda que “la Junta lleva años dilatando intencionadamente la regulación del despliegue de estas energías porque su modelo es el desmantelamiento de la administración pública para dejarlo todo en manos privadas”.
- “Mañueco no puede seguir entorpeciendo un correcto despliegue de las renovables, con seguridad jurídica y que incluya medidas fiscales o impositivas que beneficien a nuestro territorio. Es una falta de responsabilidad política pero también es una connivencia con posibles fraudes y un abandono a los ayuntamientos de nuestro medio rural que se encuentran totalmente desprotegidos ante las pretensiones expansionistas de las grandes compañías”, concluye.
Segovia, 14 de junio de 2022.- Alcaldesas y alcaldes socialistas de la provincia lamentan “que la dejadez de la Junta está ocasionando una proliferación incontrolada, especialmente de plantas de energía fotovoltaica, que dista mucho de ser beneficiosa para nuestros pueblos”.
“La Junta no está cumpliendo con su obligación de desarrollar normativamente una regulación de este tipo de instalaciones, así como las eólicas, y vemos cómo ante esta premeditada falta de regulación, están entrando en juego muchos intereses privados que poca o nula repercusión económica y de generación de empleo tiene en nuestros pueblos”, remarcan.
Por su parte, el procurador socialista José Luis Vázquez, coordinador del área de Medio Ambiente del PSOE de Castilla y León, recuerda que “la Junta lleva años dilatando intencionadamente la regulación del despliegue de estas energías porque su modelo es el desmantelamiento de la administración pública para dejarlo todo en manos privadas.”
“Que nuestra tierra continúe sin unos criterios claros que establezcan las posibilidades de localización de las plantas eólicas y fotovoltaicas es la mejor forma de abrir la puerta a la corrupción y de arruinar nuestro paisaje, con el consiguiente perjuicio para nuestro medio rural”, lamenta Vázquez.
El procurador socialista remarca que otras Comunidades Autónomas como Navarra o Extremadura “han trabajado ya en este ámbito y disponen de una regulación específica que dota de seguridad jurídica tanto a los promotores de este tipo de instalaciones como a los Ayuntamientos en cuyos términos municipales se instalan”.
“Todo lo contrario de lo que ocurre en nuestra provincia de Segovia, muy especialmente en zonas como la campiña, donde se están extendiendo instalaciones fotovoltaicas ocupando grandes superficies en detrimento del uso agrícola y con un grave efecto paisajístico”, enfatiza.
Durante el encuentro con alcaldesas y alcaldes socialistas, Vázquez ha recordado también “que desde el Grupo Socialista en las Cortes llevamos años insistiendo en la necesidad de que la Junta cumpla con su obligación”.
Así, en junio de 2021, el Grupo Socialista presentó una Proposición No de Ley para que la Junta estableciera esta regulación compatibilizando e integrando el necesario despliegue de las energías renovables y con la protección del paisaje, la biodiversidad y los ecosistemas.
“Instábamos en aquel momento a la Junta a regular el despliegue de infraestructuras de energías renovables como establece la legislación vigente, el Convenio Europeo del paisaje del año 2000 que forma parte del derecho vinculante español y en cumplimiento de la Ley de Patrimonio Natural de Castilla y León”, recuerda Vázquez. “En la propuesta se instaba además a la Junta a suspender de manera cautelar los expedientes para la instalación de estas infraestructuras mientras no se lleve a cabo la regulación que garantice el adecuado e integrado despliegue de estas energías renovables”.
“Mañueco no puede seguir entorpeciendo un correcto despliegue de las renovables, con seguridad jurídica y que incluya medidas fiscales o impositivas que beneficien a nuestro territorio. Es una falta de responsabilidad política pero también es una connivencia con posibles fraudes y un abandono a los ayuntamientos de nuestro medio rural que se encuentran totalmente desprotegidos ante las pretensiones expansionistas de las grandes compañías”, concluye.