El grupo municipal del PSOE ha presentado una moción al pleno del Ayuntamiento de Segovia de mañana martes 23 de diciembre para defender los intereses del CEIP Fray Juan de la Cruz, de su alumnado y de toda la comunidad educativa. Un centro histórico de Segovia y referente en la atención al alumnado con necesidades motóricas no puede seguir sufriendo las consecuencias de la falta de planificación y coordinación entre administraciones. El viceportavoz del grupo, Miguel Merino, ha detallado hoy la moción en rueda de prensa.

El cierre prolongado del gimnasio, utilizado con normalidad durante más de una década, está afectando a la calidad educativa y obligando a improvisar soluciones inadecuadas. Mientras tanto, las familias se ven forzadas a reclamar información, seguridad y respuestas que deberían haber llegado desde las instituciones.

Con esta iniciativa, el PSOE plantea una propuesta clara y responsable: que se defiendan activamente los intereses del centro, que se aclare la titularidad de las instalaciones y que, hasta que se garantice el cumplimiento de la normativa, no se perjudique al alumnado impidiéndole el uso de unas instalaciones necesarias para su desarrollo educativo
A continuación, se recoge el texto de la Moción presentada por el PSOE:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
En los últimos meses, la comunidad educativa del CEIP Fray Juan de la Cruz ha denunciado públicamente la ausencia de gestiones eficaces por parte del PP en el gobierno municipal para garantizar la continuidad en el uso del antiguo gimnasio del centro. Esta falta de actuación ha generado consecuencias negativas para el desarrollo de la Educación Física y de las actividades complementarias del alumnado, poniendo en cuestión las condiciones necesarias para una enseñanza integral y en igualdad de oportunidades. A ello se suma la inexistencia de un seguimiento adecuado en la tramitación de licencias, en la presentación de la correspondiente declaración responsable de las obras realizadas, así como en la elaboración y ejecución del preceptivo plan de seguridad y salud.

Las familias y la AMPA del centro han protagonizado movilizaciones y concentraciones ante la Dirección Provincial de Educación, reclamando la reapertura inmediata del gimnasio, que permanece cerrado desde hace meses y afecta de manera directa a la rutina educativa, tanto en las clases de Educación Física como en las actividades extraescolares, en un centro que, además, es referente en la atención al alumnado con necesidades motóricas.

La posible pérdida del uso del gimnasio cedido por la Universidad de Valladolid, que durante más de doce años ha venido funcionando como espacio deportivo del colegio, supondría un perjuicio grave para los menores, especialmente para aquellos con necesidades educativas específicas. El uso continuado y consolidado de estas instalaciones durante más de una década evidencia su integración plena en el funcionamiento ordinario del centro.

Asimismo, en noviembre de 2025, las familias iniciaron protestas contra unas obras ejecutadas en el colegio que consideraban inseguras, llegando incluso a la paralización de las mismas por la falta de los permisos municipales correspondientes. Este episodio pone de manifiesto una preocupante falta de coordinación entre las distintas áreas del equipo de gobierno, así como carencias evidentes de planificación, anticipación y visión global de las necesidades reales del centro educativo.

A estas circunstancias se añade la reiterada denuncia del AMPA sobre la falta de información clara y transparente respecto a las actuaciones previstas en el centro, así como la ausencia de interlocución efectiva con las administraciones implicadas. Las familias han manifestado su preocupación por la toma de decisiones que afectan directamente a la seguridad y al bienestar del alumnado sin la debida comunicación previa ni la participación de la comunidad educativa, generando un clima de incertidumbre y desconfianza que podría haberse evitado con una gestión más responsable y dialogante.

El cierre prolongado del gimnasio ha obligado al centro a improvisar soluciones provisionales, como la realización de actividades físicas en espacios no diseñados para ello o al aire libre en condiciones meteorológicas adversas, lo que limita gravemente la calidad educativa y supone un retroceso en el cumplimiento de los objetivos curriculares. Esta situación resulta especialmente lesiva en un colegio que escolariza alumnado con necesidades motóricas, para el que la actividad física adaptada no es un complemento, sino una parte esencial de su desarrollo personal y educativo.

La comunidad educativa ha subrayado, además, que las carencias en materia de instalaciones y seguridad no son hechos aislados, sino el reflejo de una falta de planificación a medio y largo plazo en la atención a un centro público histórico de la ciudad, que requiere inversiones, coordinación institucional y una defensa activa de sus intereses por parte del Ayuntamiento de Segovia.

La educación pública debe garantizar una formación integral, segura e inclusiva. Las instalaciones educativas, y de manera especial los espacios destinados a la práctica deportiva, son elementos esenciales para asegurar el derecho constitucional a la educación física y al desarrollo saludable de la infancia. En el caso del CEIP Fray Juan de la Cruz, centro de referencia en la atención educativa a alumnado con necesidades motóricas, estas carencias adquieren un impacto diferencial y especialmente grave.

ACUERDO

Por todo ello, el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Segovia, propone:

  1. Instar al Gobierno municipal a que defienda de forma activa los intereses del CEIP Fray Juan de la Cruz y garantice el uso de unas instalaciones deportivas adecuadas y seguras para el normal desarrollo de la actividad educativa.
  1. Instar a la Junta de Castilla y León a acreditar la titularidad de los edificios que figuran en la parcela catastral, especialmente del inmueble utilizado como gimnasio, así como la base jurídica de las obras proyectadas que acredita que ese inmueble es de titularidad autonómica y no municipal.
  2. Que, hasta que no se aclare esta titularidad y se garantice el cumplimiento de la normativa, se paralicen las obras y se permita el uso de las instalaciones por parte del centro educativo.